Un sistema garantista de los derechos civiles, políticos, sociales y culturales implica no solamente la mera existencia de leyes que los reconozcan formalmente, se requiere además de una dimensión sustancial que los materialice, pues más allá de los procesos de elaboración parlamentaria y del cumplimiento de las reglas procedimentales, para que ello sea posible, como sostienen Birgin, Haydée y Beatriz Kohen, los Estados tienen la obligación de organizar el aparato gubernamental y todas las estructuras a través de las cuales se manifiesta el ejercicio del poder público, para asegurar jurídicamente el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos. En nuestro mundo contemporáneo la legitimidad de los sistemas políticos pasa por la efectividad de la protección y tutela de los derechos para ejercer las libertades democráticamente.
Sin embargo, eso es lo que menos estamos viendo en nuestro país, mucho de la crisis institucional que actualmente vivimos de la que una buena parte de responsabilidad la tiene el gobierno federal (no dejo de ponérsela también al resto de los Poderes del Estado), tiene que ver con que los derechos que debieran tutelar simplemente están siendo trastocados, minimizados y en algunos casos francamente violados.
Dicen los principales órganos internacionales de derechos humanos que la libertad de expresión, en su dimensión individual y en su dimensión colectiva que determina el derecho a la información, son la piedra angular de la democracia, ambos derechos reconocidos en los artículos 6º y 7º constitucionales, están siendo limitados de tal manera que se prenden sendos focos rojos para la democracia en México.
Ahí están los cambios regresivos que el gobierno federal están proponiendo a la Ley General de Acceso a la Información, defendidos en el Congreso por el Partido Verde Ecologista de México y el Revolucionario Institucional, que ha originado que más de 300 organizaciones civiles manifiesten su abierto rechazo ante ocho puntos clave de preocupación[1], que permitirían la opacidad, la corrupción y la limitación de la ciudadanía a la información pública, que dicho sea de paso, no le pertenece a ningún gobierno sino a la sociedad misma.
El propio órgano garante del acceso a la información, el IFAI, ha manifestado esas mismas preocupaciones al Congreso.
Peor aún, es el regreso abierto de viejas prácticas para espiar indebidamente a periodistas y opositores incómodos al gobierno. Recientemente el periodista Raymundo Riva Palacio escribió en su columna del 27 de febrero en El Financiero: “La Oficina de la Presidencia avala que la PGR esté realizando investigaciones sobre periodistas críticos, y que las áreas de seguridad intervengan teléfonos y sigan a sus detractores. Permite amenazas implícitas como el envío de sobres anónimos con las fotografías de los hijos de quien les señala sus errores. En uno de los momentos de mayor intento de control, en diciembre pasado pidió a todos los jefes de comunicación en el gobierno federal una lista de todos los periodistas con quienes tienen amistad o relación”.
De ser cierta esa afirmación, estamos ante una gravísima violación de la libertad de expresión, pues esa vigilancia además de violar también el derecho a la intimidad, es una conducta de control político de los más viejos tiempos que nos lleva al camino de retorno a los tiempos más oscuros de nuestra historia contemporánea.
La LFTR le dio carta blanca a cualquier institución relacionada con la seguridad para intervenir nuestras comunicaciones, geolocalizarnos en tiempo real y retener nuestros datos sin ningún tipo de control judicial, aunado a lo que afirma Riva Palacio, lo que tenemos es una mayor sofisticación para facilitar el espionaje gubernamental, si a eso le agregamos el Acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación del 23 de febrero, en el que se faculta por parte de la Procuraduría General de la República a 21 instituciones (incluidas las de medio ambiente) y a los ministerios públicos federales y locales (que son miles y que en el caso de los locales carecen de autonomía respecto de los gobernadores) a geolocalizarnos sin mediar ningún tipo de salvaguarda, estamos ante lo que puede perfilarse como un Estado policiaco, por eso serán de vital importancia los Lineamientos que tendrá que emitir el Instituto Federal de Telecomunicaciones al respecto, este regulador no debe obviar que están de por medio muchos derechos civiles y políticos en lo que determine.
Gobernación incumple plazos de la Ley
El derecho a la información comprende, no solamente el acceso a la información pública gubernamental, sino también contar con una diversidad de fuentes de información y de pluralidad de opiniones, ello significa que las instituciones tienen la obligación de sentar las bases para que eso sea una realidad material y no sólo formal en la ley, por ello es que los lineamientos de multiprogramación emitidos el 9 de febrero por el Instituto Federal de Telecomunicaciones son tan preocupantes como se lo comenté en mi colaboración anterior.
La LFTR reconoció, de manera endeble, como parte de ese derecho a la información los derechos de las audiencias, pero los reconoció. Para fortalecerlos debe de contarse con mecanismos para que las audiencias tengan forma de defenderse frente a los medios de comunicación, lo cual incluye ineludiblemente el respeto de otros derechos de las personas tales como la dignidad, la no discriminación, entre otros.
La Ley en su artículo transitorio 5º , dispuso que la Secretaría de Gobernación debería emitir a más tardar el 9 de febrero los lineamientos de clasificación de contenidos audiovisuales, precisamente para que el Instituto Federal de Telecomunicaciones pueda vigilar que los medios electrónicos respeten esos derechos, pero hasta el momento Gobernación no ha hecho nada, los concesionarios de los medios pueden seguir violando los derechos mínimos de las audiencias, sin que se les pueda sancionar, ante la omisión de esta Secretaría, que sin mayor empacho, ante el incumplimiento de la ley, declara que no sabe cuándo los emitirá (periódico Reforma, 27 de febrero).
Si los derechos que deben ser tutelados por las instituciones son ignorados o avasallados, ¿de qué Estado de derecho hablamos? Resta legitimidad que un gobierno adhiera al Estado de Derecho cuando se trata de utilizar el uso de la fuerza, pero no así cuando de tutelar y garantizar derechos se trata.
@callejag
aleida.calleja@gmail.com
Originalmente publicado en: http://lasillarota.com/las-graves-regresiones/Aleida-Calleja#.VUpd8Ddqo4E
Aleida Calleja 