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Revisión de medidas a preponderantes.

Le comentaba en mi colaboración pasada que el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) estaba por resolver de manera inminente la reposición del proceso para determinar si Televisa tenía o no poder sustancial de mercado en la televisión de paga, una vez que el Tribunal Colegiado Especializado en Competencia Económica, Telecomunicaciones y Radiodifusión le corrigió la plana, finalmente por mayoría de votos el Pleno resolvió que la empresa televisora si tiene poder dominante, con el único voto en contra del comisionado Adolfo Cuevas. Gracias al control judicial el IFT rectificó en una de sus decisiones más cuestionadas de su reciente historia. Que bueno que lo hizo.

 

Sin embargo, habrá que verificar cuáles serán las medidas de regulación asimétrica que le impondrán en los próximos meses para contar con elementos suficientes de la verdadera voluntad del regulador para incentivar la competencia en el mercado de televisión restringida y la pluralidad de contenidos en beneficio de usuarios y audiencias. Por lo pronto Televisa tendrá que pagar por la retransmisión de otros canales abiertos en sus sistemas de  TV de pago, pero aún falta conocer en concreto que otras acciones se deberán implementar.

 

El otro tema que esta en la arena pública en el terreno de la radiodifusión y las telecomunicaciones es la resolución del Instituto sobre la revisión bianual de las medidas impuestas a TELMEX y al Grupo Televisa como Agentes Económicos Preponderantes (AEP).

 

AEP en telecomunicaciones

 

Para el sector de telecomunicaciones, el IFT ordenó la separación funcional de Telmex/Telnor y la creación de una empresa para la prestación de servicios mayoristas fijos, esta nueva empresa deberá dar un trato no discriminatorio para servicios mayoristas fijos y móviles, el establecimiento de tarifas con base al modelo de costos para servicios fijos y de costos incrementales para enlaces dedicados, entre otras medidas, con el fin de que permita que sus competidores puedan acceder a su red.

 

Si bien el marco legal ya indicaba esto en el artículo 262 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (salvo la creación de la nueva empresa), lo cierto es que las medidas determinadas por el IFT cuando declaró a las empresas de Slim como AEP fueron insuficientes y con pocos resultados, ahora indica que lo deberá hacer a través de una nueva unidad de negocios. ¿Esto mejorará la competencia, los servicios y las tarifas a los usuarios? Esta por verse, pues al final puede resultar que sí pero para los mismos mercados en los que Telmex da el servicio en los que tiene desarrollada su red de fibra óptica, en tanto las obligaciones de cobertura siguen sin tener una solución específica, esperando a que el mercado por sí sólo lo resuelva. Un paso más allá habría sido reforzar dichas obligaciones a los operadores especialmente al preponderante, de otra manera se siguen reforzando los mercados relevantes dejando de lado a los que menos acceso tienen a la banda ancha.

 

AEP en la radiodifusión.

 

En el caso del Grupo Televisa (GT) las medidas revisadas involucran son la obligación de prestar servicio de emisión de señal; la imposibilidad de adquirir en exclusiva los derechos de transmisión de contenidos audiovisuales relevantes a menos que comparta un sub-licenciamiento con otros operadores, la obligación de publicar información sobre los términos y condiciones en los que comercializa la publicidad; la separación contable de los servicios que brinda y el establecimiento de plazos para hacer disponible esa información en el Sistema Electrónico de Gestión.

 

De nueva cuenta las medidas en materia de radiodifusión se quedan cortas, como en las primeras medidas que en los hechos mostraron sus limitaciones, como por ejemplo la compartición de infraestructura pasiva (postes, torres, etc.), en dos años no se celebró un solo contrato con sus competidores debido a las trabas de la empresa.

 

Con estas medidas además el regulador le quita la prohibición expresa al GT de adquirir derechos exclusivos de contenidos audiovisuales relevantes bajo la figura del sub-licenciamiento, esto es que podrá comprarlos y luego venderlos a sus competidores,

cuando de antemano sabemos que la empresa tiene una gran capacidad para controlar los mercados de este tipo en nuestro país. Uno de los principales objetivos en los servicios audiovisuales es además de la competencia, fomentar un sistema plural de medios de comunicación electrónicos, sin embargo, esta meta al parecer no aparece ni por error en las medidas revisadas. Tendremos que esperar que el IFT haga públicos los textos completos con sus resoluciones para saber más en detalle su impacto.

 

Ambas empresas preponderantes han manifestado su rechazo a la resolución del Instituto, por lo que han anunciado que acudirán a tribunales, aunque en esta materia no hay suspensión de las medidas hasta que el poder judicial determine si tienen la razón o no. Así que en este rubro todavía quedan varios episodios para su desenlace.

 

@callejag

Publicado originalmente en: http://lasillarota.com/revision-de-medidas-a-preponderantes/Aleida-Calleja#.WMm06yPhCCc

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Cuestionables decisiones

En medio de los múltiples temas que aquejan al país tanto en lo interno como lo externo, la agenda de los medios también está movida con cuestionables decisiones de las autoridades regulatorias en materia de servicios audiovisuales. Veamos algunas de ellas.

 

Licitación de radio que al final fue subasta

 

Establece la constitución en su artículo 28 y la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión que el criterio económico no puede ser el principal a la hora de adjudicar frecuencias del espectro radioeléctrico, esta disposición tiene una mayor centralidad en cuanto a frecuencias de radiodifusión, de otra manera sólo aquellos que tienen el suficiente poder económico pueden acceder a ellas para ejercer la libertad de expresión. Bajo esa premisa, basada en estándares internacionales en la materia, es que en el 2007 la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó la inconstitucionalidad de la llamada Ley Televisa que en uno de sus artículos determinaba el acceso a las frecuencias mediante el mecanismo de la subasta.

 

Con la intención de que los nuevos jugadores en la radiodifusión fomentarán el pluralismo y la diversidad es que se determinaron estas nuevas reglas, sin embargo, la última licitación que realizó el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) de frecuencias de radio en la banda de FM contradice por la vía de los hechos tales disposiciones, pues al final ganaron las frecuencias quienes más ofrecieron dinero por ellas a partir del precio mínimo de referencia determinado por el instituto en cada plaza, en pocas palabras lo que vimos fue la concreción de una subasta que contradice el marco legal.

 

De las 191 frecuencias licitadas, 65 por ciento de los participantes fueron actuales concesionarios, en tanto que el 35 por ciento restante fueron nuevos jugadores, uno de los cuales se adjudicó 34 frecuencias con lo que aparece un nuevo jugador en el mercado del que poco se sabe. La empresa es Tecnoradio SA de CV y pagará 287.8 millones de pesos como contraprestación para las concesiones. Con este número de estaciones tendrá una importante presencia en la radio, pero al ser un actor desconocido en el medio despierta suspicacias pues la adjudicación de las emisoras coincide con los inminentes proceso electorales a darse en los próximos dos años en el país. Así que el IFT tiene como tarea despejar las dudas que despierta la inclusión de este nuevo actor en la radiodifusión y el origen de sus recursos.

 

TV de paga

 

Como le comenté con anterioridad,  el IFT debe reponer el procedimiento para determinar si el Grupo Televisa tiene poder sustancial de mercado en la televisión de paga, una vez que el Tribunal Colegiado Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones determinó que la resolución del Pleno en 2015, que negaba este poder de la empresa, fue ilegal en tanto se basó en datos que no estaban dentro del periodo de estudio de la Autoridad Investigadora del instituto.

Esta resolución ha sido una de las más escandalosas por parte del IFT poniendo en duda su autonomía respecto de los regulados, por fortuna el control judicial funcionó ante las empresas que se ampararon en contra de esta decisión que fueron Total Play y Televisora del Valle de México (TVM), empresa controladora del Canal 40 y filial de TV Azteca. Sin embargo, la reposición del proceso se da de manera apresurada por el regulador días antes de que uno de los comisionados Ernesto Estrada termine su periodo y compita por su nombramiento en la Comisión Federal de Competencia Económica.

 

El día de ayer mientras escribía esta opinión el IFT comenzó la revisión mandatada por el Tribunal. Sería una cortedad que la autoridad reguladora repitiera su fallo en el sentido de que Televisa NO tiene poder sustancial de mercado, pues de acuerdo a los datos de la instancia investigadora su participación en el mercado de televisión de paga le permitiría abusar de su posición dominante, pues cuenta con el 62 por ciento de suscriptores y ser el único proveedor en la mayoría de los municipios analizados por la Autoridad Investigadora, pero eso lo sabremos una vez que este texto ya este publicado.

 

Derechos de las audiencias.

 

En este terreno queda pendiente la resolución que habrá que tomar la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de las controversias constitucionales que interpusieron el Senado y la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República en contra de los Lineamientos Generales sobre los Derechos de las Audiencias del IFT, pero también está pendiente la resolución que deberá tomar  el Primer Tribunal Colegiado Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones sobre el amparo que interpuso la abogada experta en telecomunicaciones Clara Luz Álvarez en contra de los Lineamientos de Criterios de Clasificación de Contenidos Audiovisuales para Radio, Televisión y Cine que emitió la Subsecretaría de Normatividad de Medios de la Secretaría de Gobernación (Segob) y que a todas luces son contrarios al interés superior del niño al permitir que la infancia y la adolescencia estén expuestas a contenidos violentos antes de la 8 de la noche, entre otros puntos.

 

En una primera instancia una jueza de los tribunales especializados dio la razón a la quejosa, pero la Segob mediante chicana judicial volvió a emitir los Lineamientos en el Diario Oficial de la Federación el pasado 15 de febrero con algunos cambios que al final dejan todo igual, es claro que la intención es dejar sin efectos el amparo otorgado. Tramposa maniobra que tiene por fin último proteger los intereses de las televisoras comerciales para que puedan seguir lucrando con contenidos aunque afecten a niños y niñas.

 

Es una vergüenza la utilización de la maquinaria institucional para la defensa de los intereses de unos cuantos particulares, así es como se desgasta el Estado de derecho. Esperemos que el control judicial funcione y se mantenga el amparo ganado por Clara Luz Álvarez quien ha hecho una defensa de los derechos más que encomiable.

 

Preponderancia

 

También está en la mesa la revisión de las medidas de regulación asimétrica de los Agentes Económicos Preponderantes en telecomunicaciones y radiodifusión, será otra prueba para el IFT. Veremos si ganan las presiones de sus regulados o el interés general. Al tiempo.

 

@callejag

Publicado originalmente en: http://lasillarota.com/cuestionables-decisiones/Aleida-Calleja#.WMm0SiPhCCc

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Audiencias, en juego algo más que los derechos.

En mi colaboración anterior le comenté sobre lo absurdo que resultaban las controversias constitucionales que interpusieron tanto el Senado en contra de los Lineamientos Generales sobre los Derechos de las Audiencias emitidos por el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), como fue la de la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República para impugnar las facultades de éste para tutelar tales derechos.

Ambas controversias fueron entregadas el mismo día a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCNJ), pero ninguna de las dos instancias dieron a conocer públicamente su contenido íntegro.  La Corte las aceptó teniendo como ponente al ministro Alberto Pérez Dayán.

En medio de una campaña informativa llena de imprecisiones y mentiras en una buena parte de los medios de comunicación, el 1 de febrero el Pleno del IFT en una sesión extraordinaria determinó suspender la entrada en vigor de los Lineamientos que sería el 16 de febrero para darle como fecha el 16 de agosto, en aras de esperar a una resolución de la Corte. Aún cuando el regulador tuvo el respaldo de organizaciones y expertos en la materia que defendieron su facultad para regular los derechos de las audiencias y la manifestación explícita de no sucumbir al embate mediático y gubernamental, finalmente una mayoría de los comisionados optó por ceder a las presiones.

La semana pasada en diversos medios y en redes se filtró el contenido de ambas controversias, coincido con Irene Levy en que ninguna de las dos tienen mérito como para que la SCJN pueda darles la razón, sobre todo porque esta máxima instancia de justicia en el país ya determinó en la sentencia 117/2014 sobre portabilidad numérica que el IFT cuenta con una facultad quasilegislativa necesaria para el cumplimiento del objeto del Instituto, lo cual conlleva a que sus disposiciones administrativa no sean meros instrumentos de ejecución o reglamentación, sino instrumentos regulatorios en un ámbito de competencia material, no sólo para regular cuestiones técnicas y económicas, sino también para resolver cuestiones regulatorias sustantivas que condicionan el ejercicio robusto y desinhibido de los derechos humanos a la libertad de expresión y acceso a la información en la actual época de las tecnologías.

Qué dicen las controversias

La controversia constitucional que el Senado de la República presentó cuestiona en dos páginas las facultades del IFT  para regular en materia de derechos de las audiencias, la mayor parte de sus alegatos acusan de censura y violaciones a la libertad de expresión por parte de los Lineamientos, que insisto se basaron en una ley que ellos mismos aprobaron. De acuerdo al texto, este órgano legislativo considera que ni el IFT ni la Presidencia tienen las competencias para regular los derechos de las audiencias si no tan sólo el Congreso, siendo así vale preguntarse porque no hicieron lo conducente en su momento.

Más pobre aún en sus argumentos es la controversia del Ejecutivo en contra del Congreso de la Unión y el IFT, que reclama para sí la facultad para tutelar los derechos de las audiencias y afirma que el Constituyente no previó en modo alguno que el IFT tuviera facultades amplísimas para regularlos para luego aseverar que el artículo 28 constitucional le permite al Instituto expedir disposiciones de carácter general y esa potestad la acota la Constitución al indicar que es “exclusivamente para el cumplimiento de su función regulatoria” y los derechos de las audiencias no son una función regulatoria de los sectores de la radiodifusión y las telecomunicaciones, sino un derecho humano, y por ende, los artículos controvertidos al Congreso de la Unión, resultan inconstitucionales por darle al Instituto facultades reglamentarias que no le corresponden y, que en todo caso, tendrían que ser potestad del Ejecutivo Federal.

No sé que parte del 28 no entiende la Presidencia, ya que es claro al determinar que el IFT debe regular el servicio de radiodifusión para el cumplimiento del artículo 6º que dispone del reconocimiento de los derechos de las audiencias.

Así que ahora tenemos a los poderes legislativo y ejecutivo disputándose las competencias para la defensa de los derechos de las audiencias, si tanto les importan no se explica porqué en lugar de impugnar sólo aquellos artículos donde se considera que se viola la libertad de expresión, contravienen el resto de los artículos que protegen los derechos de las personas con discapacidad, la niñez y otros sectores amplios de la población.

Como bien describe Roberto Rock en su columna en el periódico El Universal, este bochornoso episodio muestra claramente como las instituciones del Estado están siendo utilizadas por los imperios que dominan el sector y han logrado doblar al órgano constitucional minando sus facultades. En pocas palabras estamos ante el embate de poderes fácticos que han logrado poner a su servicio a una parte del Congreso y a la Presidencia para la defensa de sus intereses comerciales. A ese servicio también se han puesto partidos políticos y gobernantes queriéndose congraciar con los industriales de la radiodifusión con miras a las elecciones de este año y el que viene. Así la clase política de nuestro país.

Veremos en cuanto tiempo la SCJN resolverá las controversias. Dada la jurisprudencia emitida por la misma no se ve fácil que resuelva favorablemente a quienes impugnan las facultades del IFT, sin embargo, resulta inquietante la información publicada por el Periódico Reforma el pasado 8 de febrero que ratifica que Alberto Pérez Canales que labora en la Consejería de la Presidencia en materia de controversias constitucionales es hijo del ministro ponente Pérez Dayán, advirtiendo un posible conflicto de interés. Esperemos que tal supuesto no se dé, como tampoco que el resto de los integrantes de la Corte lo permita.

La SCJN deberá pronunciarse sobre a quién corresponde la facultad de tutelar los derechos de las audiencias, no así sobre si los lineamientos violan la libertad de expresión como lo demanda el Senado puesto que no corresponde a la naturaleza de una controversia.

En los siguientes meses a la resolución de esta situación habremos de ver de que están hechas nuestras instituciones, por una parte con la actuación del poder judicial y por otra el propio IFT que tendrá que resolver temas de alto interés político y económico, como le decía en mi colaboración pasada, como son la reposición del proceso sobre dominancia de Televisa en el mercado de la TV de paga y la revisión de las medidas de preponderancia en el sector de la radiodifusión. Una de dos, regresión por el triunfo de los poderes fácticos o defensa de las conquistas ganadas por la sociedad.

@callejag

@OpinionLSR

Publicado originalmente en: http://lasillarota.com/audiencias-en-juego-algo-mas-que-los-derechos/Aleida-Calleja#.WK3hECPhDSw

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Poderes contra los derechos de las audiencias.

Desde hace un par de semanas empezó una ola de descalificaciones a los Lineamientos Generales sobre los Derechos de las Audiencias que aprobó el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) en diciembre pasado y que entrarán en vigor el próximo 16 de febrero, en lo que se conoce como “el nado sincronizado”, pero esta vez entraron a la descalificación no solamente los concesionarios, legisladores y plumas de sabida cercanía a la industria de la radiodifusión, sino también presidentes municipales, gobernadores como el de Jalisco y de la Ciudad de México y hasta la iglesia católica, acusando al IFT de querer imponer la censura, cuando en realidad lo único que hizo el regulador fue acatar lo que le manda la Constitución y la ley, nada más y nada menos.

 

Qué dice la ley

 

La reforma constitucional del 2013 en su artículo 6º otorgó por primera vez a la población el reconocimiento de los derechos de las audiencias en el servicio de radiodifusión (radio y televisión), preservando la pluralidad y la veracidad de la información (fracción III), también prohíbe la transmisión de publicidad o propaganda presentada como información periodística o noticiosa (fracción IV). Así la veracidad en la información no la inventó el IFT con sus lineamientos, está en la carta Magna, ese atributo no debió estar, pero así lo aprobó el constituyente. A su vez el artículo 28 crea al IFT con autonomía constitucional para regular los servicios de radiodifusión y de telecomunicaciones, con lo cual le dio las más amplias competencias para regular las concesiones del espectro radioeléctrico, que incluye por supuesto los contenidos que son la materia esencial de la radiodifusión.

 

Por su parte la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (LFTR) determina como uno de los derechos de las audiencias “Que se diferencie con claridad la información noticiosa de la opinión de quien la presenta” y “Que se aporten elementos para distinguir entre la publicidad y contenido de un programa”, además de establecer que el IFT emita los lineamientos para hacer viables los derechos (artículo 256). La misma ley crea la obligación de que los medios de comunicación cuenten con defensorías de las audiencias (artículo 259).

 

Por eso fue sorprendente que dos poderes de la Unión interpusieran sendas controversias constitucionales ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN): el Senado de la República bajo el argumento de que los Lineamientos imponen censura previa y va contra el IFT y el Ejecutivo Federal a través de la Consejería Jurídica de la Presidencia bajo el argumento de que el IFT no tiene facultad para regular los derechos de las audiencias y va contra el Congreso por haber aprobado esa facultad. Ambas controversias resultan francamente difíciles de comprender, veamos porqué.

 

  1. La LFTR que se aprobó en el 2014 por ambas Cámaras del Congreso fue una propuesta emanada directamente de la Presidencia de la República, los 8 artículos que hoy impugna la Consejería Jurídica fueron de su autoría ¿hasta ahora se da cuenta que el IFT no tiene facultades en la materia? En la conferencia de Prensa del día de ayer el titular de la Consejería jurídica de la Presidencia, Humberto Castillejos, afirmó:  “La Constitución, en su artículo 28, establece que corresponde al Instituto Federal de Telecomunicaciones emitir disposiciones de carácter general, siempre y cuando sean, exclusivamente, para referirse a la función regulatoria en los sectores de la radiodifusión y las telecomunicaciones… Es decir, la Constitución no le otorga al Instituto Federal de Telecomunicaciones atribución para regular los derechos de las audiencias” ¿acaso la radiodifusión no tiene que ver con sus audiencias que se exponen a los contenidos de este servicio?

 

  1. La LFTR en sus términos fue impulsada y aprobada por los mismos legisladores que hoy afirman que existe censura, los artículos referidos a los derechos de las audiencias los dispuso el Congreso en su mayoría, el IFT lo único que hizo fue establecer de que manera deben de cumplirse a través de los lineamientos ¿hasta ahora se dan cuenta de su error? Fue el Congreso el que aprobó el concepto de información “veraz”, y ahora dicen que el IFT al utilizarlo en sus Lineamientos va contra la libertad de expresión y los estándares internacionales, cuando fueron ellos quienes así dispusieron los atributos de la información, lo mismo que a la letra dice el artículo 256 para diferenciar información de opinión. Su controversia acusa al IFT de haberse excedido en sus funciones y afirman que los Lineamientos contravienen e invaden la competencia electoral, establecida en el artículo 41 constitucional a favor del Congreso de la Unión, al no distinguir la publicidad comercial de la publicidad de partidos políticos y autoridades electorales.

 

  1. El IFT realizó una amplia consulta pública del Anteproyecto de los Lineamientos en junio y agosto de 2015, ha sido la consulta en la que más actores interesados participaron, en ese lapso de concentraron 65 opiniones de los más diversos sectores, incluyendo la industria en el ramo. En la práctica la versión final de esos Lineamientos hace varias concesiones ante las quejas de los radiodifusores ¿porqué no dijeron en su momento nada los poderes que hoy se inconforman a través de las controversias?

 

Por donde se le vea es grave que tanto el poder legislativo como el Ejecutivo traten de minar las facultades del regulador al que le otorgaron autonomía constitucional, ya desde la aprobación de la LFTR le minaron varias de sus facultades, razón por la que las Comisionadas: Adriana Labardini y María Elena Estavillo en su momento propusieron al Pleno interponer una controversia constitucional por ese motivo, pero que la mayor parte de los Comisionados no aceptó. Todo indica que hoy el Ejecutivo ya se arrepintió de haber cedido su facultad discrecional para regular la radiodifusión como en los viejos tiempos que utilizaba la ley para premiar o castigar a medios electrónicos de acuerdo a sus lealtades.

 

De todas las reformas estructurales del actual gobierno la única que tuvo avances tangibles y amplió derechos fue la de Telecomunicaciones y Radiodifusión, con limitaciones fuertes en la LFTR, pero finalmente algo se avanzó. La creación del IFT como organismo autónomo, para regular servicios convergentes es un referente en América Latina, aún con sus falencias este instituto ha tenido avances por lo que estas controversias y especialmente la del Ejecutivo, quieren dar al traste con esas mejoras.

 

Tres razones pueden explicar sus actuaciones, la primera es que es indudable que la radio y la televisión son instrumentos privilegiados para lucha por el poder político en tiempos electorales y se acercan dos muy importantes: la elección para gobernador en este año en el Estado de México y la presidencial en el 2018, los políticos de todas las corrientes siguen apostando a la alianza con el poder mediático para sus carreras, por eso no es de extrañar las declaraciones de gobernadores y presidentes municipales, así como la acción del Ejecutivo en su eterna alianza con Televisa.

 

 

La segunda es que las disposiciones en ley que el IFT materializó en los Lineamientos desvencijan la venta de entrevistas o propaganda encubierta que se muestra a las audiencias como información periodística que deja jugosas ganancias a los concesionarios comerciales en tiempos electorales o para desviar la opinión de determinados temas que no convienen a gobiernos, ¿se acuerda de la polémica con la conductora Legarreta de Televisa sobre el alza del dólar? Ante la ola de críticas tuvo que admitir públicamente que no era su opinión y que así se lo habían puesto en el guión, o sea era propaganda encubierta que engañaba a sus audiencias.

 

La tercera puede ser una estrategia encaminada a debilitar al regulador en sus facultades regulatorias frente a dos hechos muy relevantes por venir: la reposición que ordenó el Tribunal Superior especializado en Telecom para que el IFT determine el poder sustancial de mercado de Televisa en el mercado de TV de paga; y la revisión de las medidas de regulación asimétrica a esa misma empresa por ser Agente Económico Preponderante en Radiodifusión, en ambos casos, se tendrá que limitar la dominancia de esa televisora. Esto sería muy delicado, pues se estarían utilizando los poderes públicos estatales al servicio de un particular. Al IFT se le otorgó autonomía constitucional para que sus resoluciones  estuvieran blindadas de injerencias indebidas de los intereses de los regulados o a los intereses políticos del gobierno en turno, esa fue la demanda histórica de la sociedad civil involucrada en estos temas.

 

¿Qué pasará con este golpe asestado al IFT? La pelota queda ya en la cancha de la SCJN, lo cual es sano como parte de la división de poderes, ya en otras ocasiones el máximo órgano de justicia del país ha determinado la constitucionalidad de las facultades del instituto de manera impecable para tutelar derechos y no solamente para los temas técnico y económicos.

 

El IFT ya ha recibido el respaldo de numerosas voces calificadas a sus Lineamientos, aunque se quedaron cortos pero son un progreso, por lo que NO debe ceder a las presiones de postergar su entrada en vigor. Hizo lo correcto: cumplir con la ley y asumir sus competencias.

@callejag

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Entre las buenas y malas noticias

Una buena noticia en estos días aciagos

 es el regreso del noticiero de Carmen Aristégui

 y su equipo a través de internet. Enhorabuena.

 

El pasado jueves 19 de enero el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa, especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México y jurisdicción en toda la República, determinó que el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) debe reponer el proceso que negó en su momento para declarar a el Grupo Televisa (GT) con poder sustancial de mercado en la TV de paga. Esa fue su determinación una vez que Total Play y Televisora del Valle de México, filiales de TV Azteca y Grupo Dish, filial de MVS, interpusieron un amparo ante los tribunales porque con su negativa el IFT impidió la aplicación de una regulación asimétrica a la empresa que tiene más del 62 por ciento del mercado de televisión restringida en el país.

 

Como recordará, la denegación del Pleno IFT para dicha declaratoria al GT fue una de las decisiones más lamentables por cuanto ignoró los resultados de su Autoridad Investigadora, que en marzo de 2015  encontró que Televisa sí era actor dominante en la TV paga, con poder sustancial de mercado en 2.124 municipios del país lo que significaba más del 86 por ciento del total de localidades en el país.

 

Esta resolución tuvo el voto en contra de las dos comisionadas, Adriana Labardini y María Elena Estavillo, quienes atinadamente reclamaron al Pleno no tomar en cuenta la concentración regional y local para el servicio de TV de paga por parte del GT, así como su dominancia en la producción de contenidos audiovisuales lo que le permite contar con una buena reducción de costos de operación y de adquisición de programas dándole una posición de ventaja sobre sus competidores. Esta resolución del IFT en septiembre de 2015 se repitió en 2016 y en ambas ocasiones fue un escándalo internacional.

 

La reciente sentencia del Tribunal Colegiado le enmienda la plana el IFT por su resolución del 2015, por lo que deberá de reponer el proceso con los elementos aportados por su Autoridad Investigadora en ese mismo año. Es una buena noticia que el poder judicial cumpla con su papel de control judicial frente a las acciones del regulador, cuando éstas afecten la competencia y el pluralismo.

 

En contraste con esta buena noticia la semana pasada, nuevamente en el país tuvimos nota con hechos trágicos, las redes sociales y los medios de comunicación.

 

Derechos de la niñez y los medios.

 

Cimbraron los trágicos hechos en Monterrey, Nuevo León, sobre la agresión a menores de edad a manos de uno de sus compañeros, que también disparó a su maestra de clases.

Poco después de darse a conocer la noticia empezó a difundirse un video e imágenes en las redes sociales sobre este lamentable suceso, mismas que fueron retomadas por varios medios de comunicación, violando flagrantemente los derechos de los menores. La Ley General de los Derechos de las niñas, niños y adolescentes prohíbe la violación a su intimidad revelando su identidad y datos personales en los servicios de prensa, radiodifusión, medios electrónicos y de telecomunicaciones, porque de hacerlo ponen en riesgo el interés superior de la niñez (artículos 76 al 81).

 

Los medios que decidieron publicar esas imágenes sin edición alguna, no solamente faltaron a la ética sino que también violaron la ley y derechos. No se puede justificar el ejercicio de la libertad de expresión y el derecho a la información pasando por encima de los derechos de la niñez, el sector más vulnerable de la población, además en términos informativos dichas imágenes no aportaban nada más que espectáculo y sangre. Tampoco es aceptable la justificación de que lo hicieron porque primero empezaron a difundirse a través de la redes, eso sería tanto como admitir que yo violo derechos porque otros lo hacen primero.

 

Por fortuna de inmediato también aparecieron en las redes cuestionamientos a los medios de comunicación recordándoles su obligación de respetar la ley y los derechos de la niñez, así como la obligación de la Secretaría de Gobernación (Segob) para regular este tipo de conductas en los medios. Hacia el medio día de ese fatídico 18 de enero, el Secretario de Gobernación, Miguel Osorio Chong, emitió un Tweet diciendo “He instruido que se verifique que las imágenes difundidas por medios y plataformas digitales respeten la dignidad de las víctimas.”

 

Veremos si la dependencia ejecuta el marco legal al que está obligado cumplir, porque en materia de protección a la niñez ha resultado no sólo ineficaz sino también fútil, como lo muestran los Lineamientos Generales de Clasificación de Contenidos Audiovisuales, que permiten la transmisión de contenidos violentos, sexuales y de consumo de drogas en horarios en los que la niñez ve la televisión abierta y en la cual no hay posibilidad de tener controles parentales. Como bien lo señala la experta Clara Luz Álvarez, esos Lineamientos hacen posible que las tres televisoras comerciales de cobertura nacional puedan transmitir las llamadas narcoseries en horarios que de acuerdo al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), la niñez es todavía audiencia masiva.

 

Este tipo de series por su naturaleza muestran violencia, armas y valores éticos cuestionables que los menores de edad ven, con el peligro de que puedan percibir como normalidad este tipo de situaciones, pues no tienen aún criterios firmes para discernir entre la realidad y la ficción, pero a la Segob eso le tiene sin preocupación, por lo que para la protección a la niñez y la regulación a los medios ha resultado francamente inútil, esta omisión es un derroche de recursos públicos y configura una negligencia al deber estatal de proteger derechos.

 

La programación para la niñez en el país es casi un desierto, a los medios comerciales les importa poco la atención a este sector, salvo que den jugosas ganancias por la publicidad comercial, y son pocos los medios públicos que le atienden (canal 11 con una señal completa sólo para niños y niñas y canal 22 con un noticiero infantil), por su naturaleza de servicio público deberían de tener una mayor responsabilidad para integrar programación que fomente su desarrollo armónico. Eso no sucede porque a anteriores gobiernos y al actual poco les han importando. Los medios públicos, en tanto destinan miles de millones de pesos en publicidad oficial a aquellos les recortan presupuesto.

 

Un ejemplo de ello es el reciente nombramiento de Pedro Miguel Cota Tirado en la dirección de canal 22, un perfil sin experiencia en contenidos culturales ni televisión pública, hasta hace poco se desempeñaba como Director General de Marca País para vender la imagen de México en el exterior y antes de incorporarse al servicio público  trabajó durante seis años en Televisa. Espero equivocarme, pero ese perfil no acredita la experiencia necesaria para llevar las riendas de uno de los más importantes canales públicos del país que de acuerdo a la Ley Federal de Telecomunicaciones y a la Constitución, debe estar regido a una autonomía de gestión e independencia editorial como el resto de los medios de servicio público.

 

El olvido de este tipo de medios se repite continuamente también en los estados, veremos si la Ciudad de México marca la diferencia, de manera reciente la constituyente aprobó el artículo 21, inciso F, numeral 8 para la creación de un Sistema Público de Radiodifusión, operado por un organismo público descentralizado, no sectorizado. Contará con un Consejo de Administración de siete integrantes con mayoría ciudadana como órgano de gobierno; un Consejo Consultivo Ciudadano de Programación de once integrantes y una persona titular de la Dirección General, designada por el Consejo de Administración y electa a partir de una terna propuesta por el Congreso de la Ciudad de México. Son muy buenas bases para un diseño institucional que haga realidad un servicio público independiente, por y para la gente. Habremos de ver si la legislación secundaria hace realidad esta aspiración.

 

@callejag

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Las redes y la campaña de miedo.

Complicado inicio el año, la indignación por el llamado gasolinazo que afecta gravemente a los bolsillos de las personas, especialmente a las más pobres, será la impronta que marcará el inicio de este 2017. Al descontento social, el gobierno federal tardíamente salió a dar explicaciones que a muy pocos resultaron convincentes ante un aumento desproporcionado al precio de las gasolinas que tendrá un grave impacto para la economía nacional, diversas voces se inconformaron llamando a la protesta social vía las llamadas redes sociales.

 

Ese descontento social fue aprovechado para que se iniciaran saqueos en Estado de México, Hidalgo, Veracruz, Hidalgo, Michoacán y la Ciudad de México, ya para el 4 de enero empezaron a circular masivamente a través de varias cuentas en Twitter llamados a saquear las tiendas Walmart y grabaciones en audio vía whatsap con voces de supuestos policías que alertaban de órdenes que se les habían dado para disparar indiscriminadamente a protestantes.

 

En cuestión de horas el pánico circulaba por las redes, lo que incitó a comerciantes a cerrar tiendas por miedo a la violencia y a los  atracos. Algunos medios empezaron a replicar los mensajes en las redes, sin mediar corroboración alguna de datos.

 

La organización Lo Que Sigue, especializada en analizar los contenidos en las redes sociales alertó que habían encontrado cientos de “bots” (acrónimo de robot, no hay una persona detrás de las cuentas, sino un software con cuentas masivas que inundan las redes sociales) contabilizando 485 cuentas y más de mil mensajes en Twitter que eran las responsables de haber inundado la red con los rumores y llamados al robo a comercios convirtiéndolos en tendencias (trending topic). De acuerdo a declaraciones de integrantes de esta organización la difusión de los mensajes salieron de Huxiquilucan, Interlomas y varias zonas de Naucalpan en el Estado de México difundiendo videos e imágenes de Turquía e Irak como si fueran de los hechos que sucedían en Naucalpan.

 

Entre los asaltos que fueron hechos constatables y los rumores de la red, que reportaron incluso robos donde no los hubo, se generó un clima de miedo y zozobra entre la población.

 

En contrapartida, otras voces a través de las redes también advirtieron que esa campaña de miedo no tenía otro objetivo que acallar las voces de protesta ciudadana, pues como bien cuestionó la organización Lo Que Sigue a través de un video: “¿Quién puede emitir 1,500 mensajes en una hora? Hay que preguntarse quién tiene esa capacidad y esa intencionalidad”.

 

Las sospechas apuntan a las instancias políticas que han sido denunciadas por la utilización de este tipo de estrategias en la red para crear tendencias falsas, atacar a sus oponentes y cambiar los relatos a su favor. Es revelador que la mayor parte de los mensajes fueran emitidos desde el Estado de México, sin embargo tendrán que ser las autoridades, quienes son las responsables de investigar los hechos, las que deberán determinar la autoría de la perversa estrategia.

 

También deberán de investigar las imágenes de grupos organizados que realizaron con violencia los robos en la Ciudad de México que captaron las cámaras de seguridad del gobierno capitalino. Ya la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México, comunicó la detección de 300 cuentas falsas y por su parte la Secretaría de Gobernación afirmó que se investigan  cuentas que llamaron al caos, veremos si la policía cibernética de la Procuraduría General de la República y el resto de las autoridades involucradas generan verdaderos resultados.

 

Varias lecciones nos deja este ingrato episodio, la primera de ellas es la recordación a los propios medios de comunicación para realizar un periodismo serio y profesional para corroborar datos, hechos, y no reproducir mensaje de las redes si mayor aspaviento; la segunda es la cada vez más indispensable alfabetización digital para la ciudadanía para no replicar información falsa y denunciarla cuando la encuentre en las propias redes sociales, si bien los rumores han existido siempre en la historia de la humanidad, lo cierto es que la masividad y velocidad de las redes los potencia peligrosamente; y la tercera es contar con mecanismos e instancias de investigación institucionales fortalecidas para atajar los rumores y dar con los responsables.

 

No se trata de legislar sobre las redes, que no faltará un político que ya lo esté pensando; sino de establecer una gobernanza para su uso de manera multisectorial y colaborativa para evitar los abusos de la herramienta que son las redes sociales, que bien utilizadas pueden ser sumamente benéficas para la sociedad y el juego democrático.

 

A pesar de la campaña en redes el fin de semana en más de 20 ciudades del país salieron miles de personas a protestar de manera pacífica en contra del gasolinazo, demostrando que la protesta es un derecho y que no tiene porque vincularse a la violencia, existen denuncias reiteradas, especialmente en los últimos años, de que ésta aflora por la presencia de provocadores infiltrados, pero no hemos visto que autoridad alguna siga una línea de investigación al respecto.

 

En otros temas

 

Sigue escalando el conflicto entre el consorcio Rivada y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) por la licitación de la Red Compartida, la empresa ha afirmado que cuenta con un testigo clave que tiene información clave para confirmar que la licitación se llevó a cabo de manera indebida para dar como ganador al consorcio Altán, por su parte la SCT negó que eso se acierto y anunció que ha contratado a un despacho internacional para demandar a Rivada por sus dichos. El litigio ya traspasó las fronteras nacionales pues el caso se está litigando en México y Estados Unidos. A su vez la Secretaría de la Función Pública ya tomó cartas en el asunto e inició una investigación para detectar irregularidades en la licitación.  Un episodio más que acumula el tortuoso despliegue de esta red.

 

Finalmente el 21 de diciembre pasado el Instituto Federal de Telecomunicaciones publicó los Lineamientos Generales de los Derechos de las Audiencias, si bien no son todo lo que se esperaba, si son un avance en un tema que en México apenas estamos en pañales, importante será ahora verificar que verdaderamente se cumplan, y en pasos sucesivos mejorar su regulación.

 

Aún con lo complejo del inicio de este año, deseo a todos ustedes un buen inicio de ciclo, renovado y lleno de esperanza, que buena falta nos va a hacer.

 

@callejag

@OpinionLSR

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La gobernanza en Internet y la vigilancia.

El Foro para la Gobernanza de Internet (IGF por sus siglas en inglés) es un espacio creado por la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas (ONU) y tuvo su última edición en México del 5 al 9 de diciembre pasados en Zapopan, Jalisco. El IFG es el evento más relevante a nivel global y tiene como propósito ser un espacio de diálogo entre organismos internacionales de derechos humanos, gobiernos, academia, sociedad civil y empresas para fomentar un diálogo multisectorial para abordar el estado de la cuestión de Internet con miras a influenciar políticas tanto en el sector público como en el privado, sin embargo, tuvo muy poca resonancia en la agenda de los medios en el país.

 

Como suele ocurrir en cada edición del IGF, organizaciones civiles tanto nacionales como internacionales realizan eventos para plantear las preocupaciones entorno a la agenda de gobernanza en Internet, una de ellas tiene que ver con el incremento de herramientas de vigilancia que ponen en riesgo la protección de datos personales y del derecho a la privacidad de los usuarios de la red, que implica a gobiernos y empresas. México no es la excepción.

 

La documentación que han realizado algunas organizaciones en este terreno sostienen la validez de esas preocupaciones veamos porqué.

 

Vigilancia fuera de control, las autoridades

 

La Red por la Defensa de los Derechos Digitales (R3D) presentó nuevamente en un evento abierto el informe “El Estado de la Vigilancia: Fuera de Control”, que documenta la interceptación arbitraria de las comunicaciones privadas y el uso de malware de vigilancia para silenciar a periodistas y opositores políticos. De acuerdo a sus cifras el 99 por ciento de las autoridades mexicanas intervienen comunicaciones privadas y obtienen metadatos de usuarios y su geolocalización en tiempo real de manera ilegal por cuanto no existen órdenes judiciales que lo autoricen.

 

También muestra que el uso intensivo de estas herramientas por parte de las autoridades no se reflejan en acciones concretas para hacer justicia, pues en más de 90 por ciento de las averiguaciones previas en las que se ha usado una medida de vigilancia no se ha ejercido ninguna acción penal.

 

La opacidad con las que se llevan a cabo estas acciones llevaron a esta organización a interponer un amparo porque el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) que se negó a dar información sobre el número de intervenciones que ha solicitado para vigilar a ciudadanos, bajo el pretexto de resguardar la seguridad nacional, esta determinación fue apoyada por el Consejero Jurídico de la Presidencia Humberto Castillejos, quien promovió un recurso de revisión para evitar que se acatara la resolución del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) que obligaba al CISEN a informar a R3D el número de personas o dispositivos intervenidos en sus comunicaciones privadas durante 2014.

 

El asunto llego a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quién con 10 votos a favor y uno en contra, desechó el recurso del Consejero Jurídico de la Federación para impedir la revelación de datos estadísticos sobre vigilancia, sentando un importante precedente no solamente para la transparencia y la rendición de cuentas, sino también para contar con mecanismos de control ciudadano ante posibles abusos.

 

Vigilancia fuera de control, las empresas

 

Por su parte la organización denominada SonTusDatos que promueve y defiende los derechos a la privacidad y a la protección de datos personales de los usuarios de TIC’s y del Internet en México, elaboró y presentó un reporte para el Relator de la ONU, David Kaye, con información de diversos casos que revelan prácticas y procesos de empresas de telecomunicaciones en el país que vulneran derechos humanos.

 

El informe documenta la existencia de un mercado negro que especula con los datos personales de usuarios de los servicios de telecomunicaciones de manera ilegal a través de la intermediación de empleados corruptos y por la falta de medidas de seguridad adecuadas de las empresas para proteger los datos personales de sus clientes, a quienes algunas empresas se niegan a darles acceso a los metadatos que recolectan, tal como lo dispone en su segunda fracción el artículo 190 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, que reconoce los metadatos como datos personales a los que los titulares tienen el derecho a acceder a ellos y el acceso debe cumplirse otorgando una respuesta comprensible.

 

Además el informe evidencia la existencia de un mercado negro en donde se ofrecen servicios de intervención activa de comunicaciones privadas que se facilita porque cualquier persona que trabaje en un centro de atención a clientes de las empresas de telefonía móvil puede acceder a información confidencial que incluye, entre otras cosas la lista de llamadas entrantes y salientes, los detalles de mensajes de texto y datos personales de titulares de las líneas telefónicas. De acuerdo a sus evidencias este servicio se ofrece para líneas telefónicas de suscriptores de los operadores Telcel, Movistar y AT&T.

 

Aún más el reporte indica que este mercado negro del cual forman parte medular empleados de las empresas de telecomunicaciones, también se ofrece el servicio de geolocalización de dispositivos celulares con el cual se puede acceder en tiempo real a la geolocalización precisa de cualquier persona a través de su dispositivo de telecomunicaciones.

 

Como puede observarse en materia de gobernanza de internet y sus servicios derivados requieren de un diálogo intersectorial que debe ser facilitado por los estados en aras de cumplir con sus obligaciones de protección de derechos humanos de sus gobernados. Por eso considero errónea la conducta del gobierno federal en el marco del IGF, que en lugar de tomar en cuenta las preocupaciones de las organizaciones en los temas antes expuestos optó por la cerrazón ante la crítica. Así es imposible pensar y diseñar una política pública para el beneficio de todas y todos.

 

Esta columna regresará con sus colaboraciones en enero, les deseo un reparador descanso y un mejor año nuevo.

 

@callejag

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Los varios de fin de año.

La constituyente

 

En la Ciudad de México la Asamblea Constituyente trabaja a marchas forzadas para dictaminar cientos de iniciativas entorno a lo que será la primera Constitución de la capital del país, dentro de estas iniciativas se encuentran varias referentes a la libertad de expresión y el derecho a la información, tres de ellas proponen la creación de un organismo autónomo que opere al Sistema de Radiodifusión Pública de la Ciudad de México con una amplia participación ciudadana y con candados para garantizar su independencia editorial, una es una iniciativa ciudadana y las restantes fueron presentadas por MORENA y el PAN.

 

Es indispensable que los habitantes de la Ciudad de México cuenten con un sistema público independiente, aunque en la actualidad existe el canal público Capital 21, apenas si pinta en el panorama mediático, además de contar con poco presupuesto al depender de la Secretaría de Gobierno su independencia es nula, ojalá que los asambleístas entiendan que tienen ante sí una oportunidad histórica para dotar a la Ciudad de un sistema público de radiodifusión que puede ser un modelo a seguir en el país e incluso en América Latina para garantizar derechos como la libertad de expresión y el derecho a la información plural y diversa, por eso resulta desconcertante que hayan puesto lo referente a canales públicos en el apartado de infraestructura de la Ciudad (Artículo 21), y no en el apartado de derechos informativos.

 

Empieza la licitación de televisión

 

El pasado 28 de noviembre con la publicación de las bases de licitación por parte del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), dio inicio a lo que será la segunda licitación de frecuencias para canales de televisión digital abierta la cual concluirá en diciembre de 2017. Serán 148 canales y de acuerdo a las propuestas de los participantes podrán formarse redes locales, regionales o nacionales de TV. Dentro de las plazas de cobertura dos canales serán para la Ciudad de México que de acuerdo a las bases son los que tienen el precio de salida más caro (425 millones 929,000 pesos), lo cual tiene lógica tomando en cuenta que en la capital se concentra el mercado de publicidad más importante del país.

 

Como ya le he comentado en otras colaboraciones, es una lástima que el IFT en las bases de licitación no haya tomado como un criterio de calificación la propuesta programática de los oferentes, pasando por alto lo establecido en el artículo 78 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión que establece que para el otorgamiento de concesiones privadas o comerciales deberían de tomarse en cuenta, además de la propuesta económica, también la calidad e innovación y la promoción y difusión de  contenidos nacionales, regionales y locales, lo cual es una medida que puede promover el pluralismo mediático. Más medios no garantizan diversidad, sin una sola medida para incentivar nuevos contenidos el riesgo es que tengamos más de lo mismo.

 

La conflictiva banda 2.5

Con el anuncio de Telcel de la compra de los 60 Mhz de la banda 2.5 Mhz que tiene concesionada MVS del empresario Joaquín Vargas, varios focos se prendieron, primero porque de autorizarse la adquisición por parte del IFT, América Móvil incrementaría su participación en el espectro hasta un  50.64%, lo cual lleva a una mayor concentración. Otras voces estiman que con ese espectro mejorará el servicio a los clientes de esa empresa y que la presión del mercado forzará al IFT para que licite antes los 130 Mhz de dicha banda que se había anunciado se pondrían a licitación hasta finales el 2017.

 

El regulador tendrá que hacer un análisis minucioso para que la competencia no se vea afectada con esta transacción, igualmente deberá evaluar las razones por las que MVS no utilizó eficazmente el espectro concesionado hasta antes de diciembre de este año como era su obligación.

 

Recordará usted que esta banda fue la manzana de la discordia entre MVS y la gestión del presidente Felipe Calderón y que fue utilizada como moneda de cambio para que despidiera a la periodista Carmen Aristegui. Ese bochornoso episodio atizó más la propuesta de que la regulación en el sector estuviera en manos de un organismo con autonomía constitucional sin la injerencia del Ejecutivo. Ese fue uno de los antecedentes de la creación del hoy IFT.

 

Canal 22

 

Es lamentable el nuevo episodio de conflicto en el canal 22, esta vez entre la dirección del canal y el recién nombrado defensor de la audiencia, Gabriel Sosa Plata, pasando por alto las obligaciones en ley que dictan contar con una defensoría de audiencia y los acuerdos de la Comisión adhoc que se hizo para su nombramiento e incluso para su posible remoción, de manera unilateral la dirección determinó la destitución del defensor por restricciones presupuestales. Es inaceptable que una traba administrativa contravenga los derechos de las audiencias, como lo es también que no se busque una salida negociada a la situación, ¿qué necesidad de escalar el conflicto? Sosa Plata es reconocido por su profesionalismo y trayectoria por lo que ha recibido múltiples muestras de solidaridad bien merecidas. De mucha utilidad hubieran sido los lineamientos de derechos de las audiencias antes de que iniciara este conflicto, lo cuales hasta apenas la semana pasada el IFT aprobó, veremos como están.

 

Allanamiento a las oficinas de Aristegui

 

No obstante el acoso judicial que está sufriendo la periodista Carmen Aristegui, ahora se suma el allanamiento a sus oficinas el pasado 13 de noviembre por personas que con toda tranquilidad robaron la computadora que contenía información de su área de investigaciones especiales, la misma que hizo posible el reportaje de la Casa Blanca, sin ninguna preocupación los delincuentes miran directamente a la cámara que los filmó. Esa conducta es un mensaje muy peligroso y amenazante que puede indicar que no tienen ningún conflicto para agredir a una periodista con amplio reconocimiento nacional e internacional, si eso le pasa a ella imagínese a otro periodista con menos protección frente a la exposición pública. Es inadmisible que la filtración del video haya sido hecha por las propias autoridades de justicia de la Ciudad de México a un medio que es propiedad de Televisa. La Procuraduría de Justicia de la Ciudad tiene la obligación de esclarecer los hechos a la brevedad y dar con los culpables, esperemos que no sea un caso más de agresiones a periodistas que queda en la impunidad.

 

Foro Global de Internet

 

Empezó este lunes 2 de diciembre el Foro Global de Gobernanza de Internet en Zapopan, Jalisco, en el que se dan cita organismos multilaterales de derechos humanos, empresas, sociedad civil y gobiernos de distintas partes del mundo. Es el foro más relevante en la materia a nivel global y en él participaremos.

 

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Castigar la opinión.

Le comentaba en mi anterior colaboración que me parecía lamentable la sentencia del Juez Quincuagésimo Séptimo de lo Civil en la Ciudad de México, Odilón Centeno Rendón, que condena a la periodista Carmen Aristegui por haber abusado de la libertad de expresión por el prólogo que escribió para el libro que relata los pormenores del reportaje sobre la llamada Casa Blanca que cimbró al gobierno de Peña Nieto. La demanda interpuesta por el empresario Joaquín Vargas reclamó un daño a su honor y vida privada, por lo que el juzgador obliga a la periodista y a la casa editorial Random House Mondadori a publicar un extracto significativo de la sentencia en las siguientes ediciones, como una medida de reparación de daños al empresario.

 

De manera falaz el juez considera que el conflicto es entre particulares pasando por alto dos criterios esenciales para la protección de la libertad de expresión a la hora de ponderar una posible colisión de derechos de acuerdo a la jurisprudencia nacional e internacional en la materia.

 

El primero de ellos es que el empresario es una persona pública que opera un Bien del Dominio de la Nación que es la frecuencia de radio que el Estado le concesionó para dotar del servicio público de radiodifusión, con lo cual adquiere responsabilidades frente a la sociedad y por lo tanto está expuesto al escrutinio público y tiene que ser más tolerante frente a expresiones que pueden resultar incómodas, mordaces y hasta ofensivas, por lo cual la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha determinado que en este tipo de situaciones los discursos que se vierten como opiniones frente a personajes de relevancia pública están protegidos constitucionalmente ya que deben consentir una disminución en la protección a su vida privada cuando la información publicada este relacionada con la situación que les da esa proyección pública.

 

Por su parte la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha expresado que la penalización de las expresiones dirigidas a los funcionarios públicos o a particulares involucrados voluntariamente en cuestiones relevantes al interés público es una sanción desproporcionada con relación a la importancia que tiene la libertad de expresión e información dentro de un sistema democrático y remarca que el hecho que los funcionarios públicos y personalidades públicas posean, por lo general, un fácil acceso a los medios de difusión que les permite contestar los ataques a su honor y reputación personal, también es una razón para prever una menor protección legal a su honor.

 

El segundo criterio que el juez omite, el cual me parece más grave, es que el reportaje de la Casa Blanca y las circunstancias que lo rodearon son del más alto interés público para la nación, por lo tanto no puede considerarse como un conflicto entre particulares, en tal sentido el derecho al honor y a la privacidad del empresario no puede estar por encima del derecho a la información de la sociedad mexicana.

 

Aún más, en una retorcida interpretación de la llamada real malicia el juez Centeno califica la opinión de la periodista y le obliga a presentar pruebas de sus dichos, cuando las opiniones no pueden someterse a criterios de veracidad o falsedad. Al respecto la CIDH establece el estándar de la real malicia en aquellos casos en que exista información falsa y producida con la intención expresa de causar un daño, o con pleno conocimiento de que dicha información era falsa, o con manifiesta negligencia en la búsqueda de la verdad o falsedad de las mismas. La carga de la prueba recae sobre quienes se sienten afectados por una información falsa o inexacta demostrando que el autor de la noticia procedió con malicia y determina que cuando la información que dio origen a una demanda judicial es un juicio de valor y no se trata de una afirmación fáctica, no debe existir ningún tipo de responsabilidad, pues si la información es un juicio de valor, es imposible la prueba sobre la verdad o falsedad, ya que se trata de una apreciación completamente subjetiva que no puede ser sometida a prueba, especialmente en el caso de la arena política en donde la crítica se realiza frecuentemente mediante juicios de valor y no mediante declaraciones exclusivamente basadas en hechos, por lo que resultar imposible demostrar la veracidad de las declaraciones dado que los juicios de valor no admiten prueba.

 

Está claro que en el prólogo que escribió la periodista hace suposiciones y vierte opiniones respecto de lo que pudo haber pasado para que se le despidiera una vez que dio a conocer el reportaje de la Casa Blanca en la emisora que opera el empresario Vargas, por lo que en la práctica lo que hace el juez es castigar la opinión, con fatales consecuencias para la libertad de expresión pues puede tener un efecto inhibitorio para la crítica a personajes públicos afectando notablemente el debate democrático.

 

Coincido con la organización defensora de la libertad de expresión Artículo 19, en que el caso “consolida la tendencia inquietante a inhibir la libertad de expresión mediante el uso de mecanismos judiciales en la Ciudad de México.”, y que se conoce como acoso judicial en contra de comunicadores para evitar la crítica.

 

La periodista y su grupo de abogados pueden apelar el fallo y solicitar la atracción de la SCJN, esperemos que esta instancia del poder judicial esté a la altura de las circunstancias y lo asuma para ir al fondo del asunto, pero aún cuando no lo haga, el caso perfila para ir a la CIDH por clara violación a los estándares de protección a la libertad de expresión.

 

La AMEDI 15 años

 

El pasado 15 de noviembre la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (AMEDI) celebró sus 15 años, sin duda una organización referente en la defensa de la libertad de expresión, ha sido un orgullo pertenecer a ella y un honor haberla presidido en su momento. En el marco de esta celebración otorgó varios premios en reconocimiento a personalidades que han dado batallas por la defensa del derecho a la información, entre ellas a Carmen Aristegui, quien ha recibido otros tantos premios y reconocimientos alrededor del mundo por su trabajo periodístico, mientras en México se le acosa judicialmente y está relegada en los medios electrónicos, así la calidad democrática en nuestro país.

 

Un sistema público de radiodifusión para la CDMX.

 

Siguen los trabajos en la constituyente de la Ciudad de México, en un arduo trabajo diversas comisiones están en el proceso de dictaminación de cientos de iniciativas, entre ellas tres que refieren a la creación de un Sistema de Radiodifusión Pública para la Ciudad de México con verdadera independencia, de ellas hablaremos en la próxima colaboración.

 

@callejag

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