Sistemática campaña.

En una línea de tiempo que comienza desde el 2007, con la reforma constitucional en materia electoral, se puede constatar la permanente oposición de los industriales de la radio y la televisión al modelo de comunicación político electoral que les canceló un negocio que les dejaba miles de millones de pesos en ganancias. Desde aquel entonces han utilizado a sus conductores estrella para denostarlo bajo el manto de la defensa de la libertad de expresión.

 

Desde el inicio de la implementación del modelo han desarrollado estrategias para incentivar una animadversión a la autoridad y la ley electoral, lo hicieron las televisoras desde el 2009 cuando en un hecho inédito programas infantiles de caricaturas y encuentros de fútbol fueron interrumpidos durante tres minutos cada hora para insertar los spots del aquel entonces IFE y de los partidos políticos con una cortinilla en pantalla que rezaba “Los siguientes promocionales son ordenados por el IFE en cumplimiento a la ley electoral y se transmitirán hasta el 5 de julio”, misma que se adosaba con comentarios de los conductores de TV Azteca y de Televisa lamentando los cortes para ver los spots, con lo cual se generó una molestia en la audiencia.

 

Con la visita del Papa a México, y sabedores de la expectación de millones de personas para la cobertura de sus actividades y mensajes repitieron la estrategia para descalificar la interrupción de la cobertura informativa porque así lo obliga la autoridad electoral, aún cuando con frecuencia se trató de cortes para transmitir publicidad comercial ¿alguna vez esos conductores se quejarán de las constantes interrupciones de los spots comerciales?

 

Se trata de una oposición que tiene como fin descalificar a la autoridad electoral y revertir el modelo de comunicación política. Desde 2007 los medios, especialmente las televisoras, no han dejado de litigar en contra de la reforma, no se resignan a la pérdida económica y de control que tenían. No pierden la esperanza de que el clima de acritud que han generado pueda llevar tarde o temprano a una contrarreforma para cambiar el modelo en favor de sus intereses.

 

Ante la resolución de la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral en el sentido de que los conductores no violaron la ley durante la cobertura papal, las radiodifusoras y televisoras comerciales se han dado vuelo para darle una amplia difusión remarcando que la norma electoral viola la libertad de expresión.

 

Como también se puede constatar en la línea de tiempo el Tribunal Electoral ha impuesto multas de pertinencia y legalidad discutibles, como igualmente resoluciones contradictorias para la aplicación del modelo, lo que ha sido aprovechado por los industriales del ramo para generar confusión sobre el tema, abona también a ese clima de confusión la falta de explicación clara y concisa del propio Instituto Nacional Electoral (INE).

 

Esta sistemática campaña en contra de la ley y la autoridad tiene por objetivo regresarles a los radiodifusores el jugoso negocio electoral, como puede constatarse con la iniciativa presentada el 19 de mayo del 2015 por el entonces diputado Tomás Torres Mercado del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), partido que por cierto tiene record en la violación de la ley electoral, que en su primer punto plantea la eliminación del acceso gratuito por parte de partidos políticos y candidatos a puestos de elección popular a los tiempos de radio y televisión administrados por el INE, dicha eliminación abre la posibilidad de que partidos y candidatos contraten como antaño tiempos en cualquier modalidad de radio y televisión, con cargo al financiamiento público, porque según ese legislador, así se garantiza la libertad de expresión.

 

En coordinación con esa iniciativa, como lo consigné en mi colaboración del 24 de noviembre del año pasado, el presidente del PRI Manlio Fabio Beltrones  declaró que se debe cambiar el modelo de comunicación política electoral y aceptó que se podría abrir la puerta a la compra de espacios en los medios electrónicos. Le falta memoria al político sonorense quien fue uno de los principales defensores de la reforma electoral del 2007. De igual manera se ha pronunciado recientemente el presidente de la Mesa Directiva del Senado, el panista Roberto Gil Zuarth.

 

Si bien es cierto que existe el hartazgo por millones de spots que se transmiten, especialmente en procesos electorales, el problema central no es su comercialización o no, sino la “espotización” del modelo que en nada aporta al debate de las plataformas de los desgastados y desprestigiados partidos políticos.

 

De concretarse lo que muchos llamamos una contrarreforma en este terreno, se derrocharán nuevamente ingentes recursos públicos que irán a parar a las arcas de los medios comerciales, pero también se concretará la claudicación de la clase política ante el poder mediático.

 

En otros temas

 

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) emitió el decreto por el que se crea el Organismo Promotor de Inversiones en Telecomunicaciones (OPITEL) que será el organismo que tenga la concesión de la Red Compartida Mayorista (Banda 700 Mhz), ya despejada una vez que se hizo el apagón analógico en televisión abierta. Este proyecto que es el más ambicioso de la reforma en telecomunicaciones ha tenido muchos obstáculos y críticas, pero es clave para llegar a la meta de conectar a la banda ancha a millones de personas, así que habrá que seguir con cuidado su desenvolvimiento.

 

También está en puerta la discusión en la Suprema Corte de Justicia de la Nación para determinar si da la razón a las comunidades y emisoras comunitarias que interpusieron un amparo en contra del artículo 89 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión que les deja casi como única fuente de financiamiento el acceso a la publicidad oficial, lo cual se considera desde organismos internacionales de libertad de expresión como una medida discriminatoria que puede funcionar como vía indirecta de restricción a la libertad de expresión.

@callejag

Publicado originalmente en: http://lasillarota.com/sistematica-campana/Aleida-Calleja#.WMnAiCPhCCc

En publicidad oficial no hay austeridad.

En mi colaboración pasada le comentaba del despilfarro de recursos por parte del gobierno federal a través de la publicidad oficial, que tan sólo en dos años ha tenido un gasto histórico de 14, 663 millones de pesos que mayoritariamente van a dar a las arcas de unas cuantas empresas de comunicación, violando el artículo 134 constitucional, puesto que dicho gasto va en sentido contrario de la racionalidad, eficacia, economía, transparencia, honradez y eficiencia del uso de los recursos de la nación, ese gasto ingente indignó a muchas de las personas lectoras de esta columna, puesto que habiendo tantas carencias es inmoral el uso de nuestros recursos públicos que en lugar de destinarse a programas para el desarrollo se destinan a promocionar las figuras de los gobernantes.

No obstante, el proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016, que fue entregado a la Cámara de Diputados por la Presidencia de la República aumenta para la Coordinación de Comunicación Social y ahora Vocería del Gobierno de la República 36 millones adicionales, con lo que queda con un gasto asignado por más de 155 millones de pesos su gasto para el 2016.

En contraste, áreas de relevante importancia como la Estrategia Nacional Digital, la salud, educación, procuración de justicia y desarrollo social sufrieron reducciones, en ésta última se pasa de un presupuesto de 177 mil 48 millones a 109 mil 271 millones. La Secretaría de Salud pasa de 134 mil 847 millones a 129 mil 665 millones de pesos, y así podemos ir viendo como en áreas sustantivas hay reducciones presupuestales, por lo que resulta una gran contradicción que comunicación social en lugar de disminuir, aumente su gasto.

¿Es más importante inyectar millones de gasto en la imagen del presidente que aumentar la cantidad de entrega de dinero mejorar alimentación, salud y educación de grupos vulnerables en el país? De acuerdo a la lógica del gobierno sí.

Si cupiera la responsabilidad en los legisladores no debería de aprobarse un aumento en el rubro de comunicación social de la Presidencia de la República y del resto de las dependencias federales y deberían de fortalecerse los programas sociales, lo cual se ve poco problable ya que el Congreso esta dominado por el partido en el poder (PRI) y por sus aliados satélites como el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Alianza País, junto con fracciones del Partido Acción Nacional (PAN).

Así que no dude que para el próximo año estaremos viendo nuevamente el dispendio del dinero público en publicidad oficial.

Derecho de réplica

En otros temas que son también una mala noticia para el país, es la posibilidad de que en estos días se apruebe en la Cámara de Senadores el dictamen de Ley del Derecho de Réplica, que el año pasado fue aprobado en San Lázaro pese a todas las críticas que tuvo.

Este dictamen fue turnado al Senado, pero quedó congelado, y desde el pasado 30 de agosto fracciones del PRI, PVEM y del PAN intentaron dar un albazo para aprobarlo en sus términos, por fortuna se ha logrado diferir esta aprobación porque la verdad es una pésima iniciativa de ley que hace en la práctica imposible ejercer este derecho, reconocido en el 6º constitucional y en la Convención Americana de Derechos Humanos.

Por donde se le vea es una ley discriminatoria que viola el derecho de igualdad ante la ley, pues les da demasiadas excusas a los sujetos regulados, los medios de comunicación, para negarse a dar el derecho de réplica, impone un complicado proceso judicial para que la persona afectada pueda acceder a él imponiéndole además la carga de la prueba. Es discriminatoria porque sólo aquel ciudadano que tenga los suficientes recursos económicos podrá llevar un proceso como el que se establece y genera privilegios indebidos a los medios de comunicación ante la indefensión de los ciudadanos comunes que no tienen fácilmente el acceso a las distintas plataformas mediáticas.

El derecho de réplica para que tenga efectividad debe ser expedito, con un procedimiento sencillo y no gravoso para el ciudadano, de otra manera sería un derecho ilusorio. Las Comisiones Unidas de Gobernación, de Justicia y de
Estudios Legislativos Segunda de la Cámara de Senadores tienen la responsabilidad y la obligación de hacer consultas públicas antes de aprobar una ley que implica uno de los derechos informativos básicos de las audiencias como lo es el derecho de réplica.

Nuevo nombramiento para el área de telecomunicaciones

La Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) nombró la semana pasada a Carlos Ponce como nuevo Subprocurador de Telecomunicaciones, como recordará la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión otorgó a esta institución la facultad de tutelar los derechos de los usuarios de telecomunicaciones frente a los abusos de las empresas. Una gran tarea tendrá que desempeñar por lo que le deseamos la mejor de las suertes.

@callejag
aleida.calleja@gmail.com

Publicado originalmente en: http://lasillarota.com/en-publicidad-oficial-no-hay-austeridad/Aleida-Calleja#.VhQACOlqo4E

PVEM, sistemática ilegalidad.

Sólo después de una ríspida discusión en el seno del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) entre los representantes de los partidos de oposición y los Consejeros, la Comisión de Quejas ordenó suspender la propaganda de los tuits emitidos por 20 figuras públicas en los que pidieron el voto a favor del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en plena veda electoral.

Aunque el PVEM se defendió arguyendo que esos “artistas” sólo habían ejercido su libertad de expresión, diversos medios de comunicación consignaron el día de ayer las declaraciones de algunas celebridades que denostaron a sus pares por haberse vendido para promover al PVEM, el más claro fue Alan Estrada que escribió en su cuenta de Twitter que a él le ofrecieron vender su cuenta a favor del PVEM, pero se negó[1].

La presunción de que ese partido pago a actrices, conductores de televisión y al director técnico de la selección mexicana de fútbol El Piojo, tiene en esas denostaciones pruebas concretas de que una vez más el PVEM violó la ley electoral flagrantemente. La sistemática ilegalidad de ese instituto político en este proceso electoral fue solapada una y otra vez por el INE y por el Tribunal Electoral, porque aunque impuso multas y medidas cautelares, estás fueron tan ineficaces que no pudieron inhibir a ese partido de conductas ilegales durante todo el proceso, como tampoco se atrevieron las autoridades electorales a tocar ni con el pétalo de una sanción a las principales televisoras comerciales del país, que fueron cómplices de dichas violaciones al transmitir una amplia difusión de millones de spots fuera de la ley.

El PVEM es soldado de Televisa y Tv Azteca y en él están la mayor parte de los legisladores que conforman la telebancada, funciona en la práctica como el brazo de esos conglomerados mediáticos en el entramado institucional del Estado para mantener sus canonjías, por eso no es extraño que durante los casi dos meses de campañas, de acuerdo al monitoreo de medios de la UNAM, hayan aumentado su presencia en televisión hasta 51 horas sumando su tiempo y el que tuvo como coalición con el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y teniendo hasta 241 entrevistas en contraste con el resto de los partidos que no tuvieron más de cien entrevistas.

La campaña ilegal de la farándula de las televisoras forma parte del juego perverso de engañar a la gente de supuestas opciones políticas cuando en realidad son un negocio electoral ilícito que no es nuevo, ya desde las elecciones del 2009 Raúl Araiza reconoció que le habían pagado por declarar en una “entrevista” que estaba de acuerdo con las propuestas del PVEM, por lo que se le multó a ese partido con 4 millones de pesos y a Televisa con 5 millones de pesos.

Así que no es nuevo que el PVEM lastime una y otra vez la equidad en la contienda electoral junto con las televisoras, como tampoco lo es la respuesta institucional insuficiente de las autoridades electorales que en este proceso simplemente quedaron rebasadas por mucho por ese partido. Su desafío al andamiaje legal excede por mucho al Estado de Derecho pero observando el desempeño tanto del INE como del Tribunal no creo que vaya a tener mayores consecuencias de su desacato a la ley en plena veda electoral, como tampoco para esas “celebridades” que también resultaron violadoras de la ley, a menos que demuestren que esos tuits fueron impuestos engañosamente por alguna agencia de medios como lo ha afirmado Inés Sainz, pero hasta ahora el resto ha guardado silencio, como reza la famosa frase el que calla, otorga.

@callejag
aleida.calleja@gmail.com

[1] http://mexico.cnn.com/adnpolitico/2015/06/07/celebridades-vs-celebridades-por-los-tuits-a-favor-del-partido-verde

 

Publicado originalmente en: http://lasillarota.com/pvem-sistematica-ilegalidad/Aleida-Calleja#.VhP7Celqo4E

Regresión electoral.

Desde la reforma electoral en el 2007 que prohibió la compra de spots en radio y televisión los concesionarios comerciales del ramo han tenido una actitud de litigio e impugnación en contra de esta disposición bajo el argumento de que se viola la libertad de expresión.

El llamado nuevo modelo de comunicación política que se inauguró en el 2007 y que se reafirmó con la reforma del 2014, en realidad no era nuevo, pues en el fondo se mantuvo el mismo modelo basado en el marketing político y la spotización de las campañas electorales, sólo cambio la forma y en lugar de pagar millonarios recursos del erario público a los medios privados por pago de spots se utilizaron los tiempos oficiales a los que tiene derecho el Estado que supuestamente son gratuitos, pero no lo son, ya que corresponden al sobreimpuesto que tienen pagar los industriales de la radiodifusión y que desde la ley de 1960 pagan en tiempo aire en lugar de dinero, o sea es un pago en especie. Este impuesto en otros lugares del mundo se conoce como el derecho de antena.

La razón por la que se determinó la prohibición de comprar espacios en los medios electrónicos para la propaganda política respondió a la demanda ciudadana de limitar el ingente gasto de los partidos y candidatos en sus campañas, pues baste recordar que 7 de cada 10 pesos del financiamiento público de los partidos era para pagar tiempos en radio y televisión antes de la reforma, además daba a los concesionarios el control sobre la administración de la propaganda política, al manejar a su conveniencia tarifas diferenciadas a los partidos políticos, generando una relación indebida de favores mutuos entre el poder político y el mediático, especialmente el de las televisoras. Además ese modelo lastimaba la equidad en las contiendas por el acceso inequitativo a los medios por parte de los partidos, ya que supeditaba su acceso a la capacidad económica.

La cancelación del gasto público en spots fue una pérdida económica de miles de millones de pesos a los concesionarios, pero también trastocó el control que tenían con los partidos en cada proceso electoral, sin embargo, encontraron nuevas formas para seguir manteniendo cierto control y evadir la ley mediante lo que se ha llamado el mercado negro de la publicidad electoral a través de entrevistas pagadas, coberturas informativas a modo o con la utilización de artistas.

Desde 2007 estos empresarios han mantenido una batalla permanente en contra de la prohibición afirmando un clima de animadversión a favor de sus intereses que ya esta dando sus resultados. Así, el pasado 19 de mayo el diputado Tomás Torres Mercado del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) presentó ante la Comisión Permanente del Congreso el proyecto de decreto que reforma el Artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de comunicación política para volver al modelo comercial de propaganda política.

De acuerdo a este legislador se trata de “restarle dinero a la política, irle quitando dinero a la política, también analicemos cuantitativamente las asignaciones partidarias, también generar condiciones de equidad en la disputa por el poder”. Pero si vemos la propuesta nada tiene que ver con sus declaraciones, todo lo contrario. Veamos.

Como primer punto plantea la eliminación del acceso gratuito por parte de partidos políticos y candidatos a puestos de elección popular a los tiempos de radio y televisión administrados por el Instituto Nacional Electoral (INE), dicha eliminación abre la posibilidad de que partidos y candidatos contraten como antaño contraten tiempos en cualquier modalidad de radio y televisión, con cargo al financiamiento público y la
posibilidad de que los legisladores de los poderes legislativos de todo el país difundan a la ciudadanía, en cualquier momento, sus informes anuales de actividades legislativas.

Resguardándose en la libertad de expresión y en la libertad de los ciudadanos para informarse de la oferta política el PVEM, que viola sistemáticamente la ley electoral y que sostiene a la llamada telebancada mayoritariamente, trata de engañarnos, pues no hay diferencia entre un spot de 20 segundos pagado en miles de pesos a los medios que transmitido vía los tiempos oficiales sin afectar al erario público.

Lo que verdaderamente hace falta no es regresarle el jugoso negocio electoral a los medios electrónicos, sino cambiar la lógica de comunicación política de los partidos pues los ciudadanos estamos hartos de los de millones de spots con promesas vacías e inocuas de la clase política. Ese hartazgo junto con el descrédito que tienen actualmente se traduce en las iniciativas para promover la anulación o abstención del voto por parte de amplios sectores de la sociedad, y nada tienen que ver con pagar propaganda política.

Esta engañifa se repite una y otra vez por los actores interesados, así el pasado 20 de mayo en un evento público, Ricardo Salinas Pliego dueño de TV Azteca arremetió contra el actual modelo de comunicación política porque viola la libertad de expresión[1], las plumas pagadas por las televisoras en diversos medios propagan el mismo discurso. Todo parece indicar que la regresión en el modelo de comunicación política va en camino, pues ya el Partido Revolucionario Institucional en la Cámara Alta ha manifestado su apoyo a la iniciativa presentada por el PVEM a través del senador priísta Arturo Zamora Jiménez[2].

De concretarse en el Congreso esta iniciativa se estaría dando la espalda a la histórica demanda ciudadana para que haya menos gasto político y volveríamos al riesgo que han planteado organismos internacionales como Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos de que la democracia electoral dependa más del dinero que de la información para un voto responsable.

@callejag
aleida.calleja@gmail.com

[1] http://www.eluniversal.com.mx/nacion-mexico/2015/impreso/salinas-pliego-critica-a-ine-por-modelo-de-comunicacion-226211.html
[2] http://noticieros.televisa.com/decision-2015/1505/pri-comparte-iniciativa-pvem/

 

Publicado originalmente en: http://lasillarota.com/regresion-electoral/Aleida-Calleja#.VhP6bOlqo4E

Chiapas, el sometimiento político.

En una opaca y poco transparente operación, el Congreso del estado de Chiapas a las 11 de la noche del pasado viernes aprobó un paquete de reformas entre las que se encuentra aquella que beneficia de manera escandalosa a una empresa de Ricardo Salinas Pliego, dueño de TV Azteca, la telefónica Iusacell, tiendas Elektra y Banco Azteca. El gobernador Juan Sabines envió un decreto con carácter de irrevocable para que la empresa del grupo Salinas, C.E. Arriaga, ubicada en el predio el Diamante de la localidad del mismo nombre fronteriza con el Istmo de Oaxaca, tenga asegurada la venta de energía eléctrica eólica a diversos municipios de Chiapas; para ello se crea un fideicomiso que se encargará pagarle con recursos que se comprometen del porcentaje que reciben dichos municipios por parte del gobierno federal.

Nada más y nada menos que el gobernador de Chiapas compromete los recursos municipales por venir para garantizarle a Salinas Pliego que su empresa recibirá los recursos del erario. La pregunta es ¿a cambio de qué Sabines hipoteca esos recursos públicos?

Desde los inicios de su gestión, Sabines tuvo una alianza con el Grupo Salinas, facilitándole todo tipo de negocios. Primero a través de la Fundación Azteca con la implementación del proyecto “ciudades rurales sustentables”; las dos primeras ciudades en operación cuentan con una torre de transmisión desde donde Iusacell otorga servicios de telefonía fija y celular, programas para supuestamente proteger a la selva lacandona y el jaguar, la realización de varias las finales del programa televisivo “La Academia” en ese estado, pasando por la construcción con una millonaria inversión de la llamada Torre Chiapas, en la que supuestamente se pasarían todas las dependencias gubernamentales para ahorrar en la renta de espacios, algo que nunca pasó, pero que finalmente es utilizada para que ahí funcionen oficinas de la televisora, su fundación y resto de negocios utilizando dos pisos de ese edificio.

El Grupo Salinas además concretó la compra a precio muy bajo del equipo de fútbol Jaguares en 2010, en medio de fuertes críticas por la inversión que dos años antes había realizado el gobierno estatal para rescatar financieramente al club por más de 60 millones de pesos; se adjudicó el programa «Taxista Vigilante» impulsado por la Secretaría de Transportes del estado, por el cual Iusacell distribuyó más de 10 mil celulares con cámara y acceso a internet con un costo de más de 21 millones de pesos destinados al pago de teléfonos y tiempo aire. Incluso se afirma que sus negocios también abarcan la explotación minera en la región del soconusco, algo que de acuerdo a periodistas locales consultados, no se ha podido verificar por la utilización de una laberíntica estrategia de filiales y subsidiarias.

Chiapas le ha significado al Grupo Salinas una fuente jugosa de negocios insuperable con la venia y el favor del gobernador Juan Sabines, que apoyó con todo al flamante senador por el Partido Verde Ecologista de México para que ganara la gubernatura de Chiapas en las pasadas elecciones del 2012, convirtiéndose así en el primer “Telegobernador”, pues como usted sabe esa fuerza política se ha distinguido por poner su partido al servicio de la televisión del Ajusco y de Televisa para que ocupen lugares de poder político como la Telebancada en el Congreso, y ese estado aportó su cuota con Luis Armando Melgar, ex director de Proyecto 40 y ex presidente de Fundación Azteca en Chiapas, actualmente Senador de la coalición PRI-PVEM, lo mismo que Simón Valanci Buzali propietario de varios medios de comunicación locales y feroz opositor a las radios comunitarias en aquella entidad.

De esta manera el virrey Sabines ha hecho de Chiapas, uno de los estados más pobres del país, el de mayor población indígena, con altísimos niveles de injusticia y cuna del movimiento zapatista, no sólo el lugar de negocios de Salinas, sino también su fuente de recursos que se alimenta de nuestros impuestos y peor aún, le ha entregado el poder político. Este caso es uno de los más vergonzantes del sometimiento de la clase política al poder fáctico de la televisora. No le extrañe que para el 2018 el siguiente candidato a gobernador sea el flamante telesenador Luis Armando Melgar. Al tiempo.

Aleida Calleja

 

Publicado originalmente en: http://www.lasillarota.com/component/k2/item/49658-chiapas-el-sometimiento-pol%C3%ADtico

La opacidad para elegir al Congreso.

Como parte de los esfuerzo ciudadanos por promover  e impulsar una agenda del derecho a la información, a finales de mayo se conformó la Coalición Ciudadana Democracia y Medios, Telecracia no es Democracia, que formuló 7 preguntas a los candidatos y candidata a la Presidencia de la República de lo que se consideran son los temas centrales para garantizar ese derecho, así como la libertad de expresión y el pluralismo mediático.

La última pregunta fue ¿Qué acciones concretas tomará como gobernante con un Congreso que estará integrado por legisladores directamente vinculados con los intereses de las televisoras, para asegurar que por el conflicto de interés no  legislen a favor de los intereses de éstas? Se refería específicamente a lo que hemos dado en llamar la telebancada. En general, las respuestas fueron evasivas por parte de los candidatos, salvo en el caso de Josefina Vázquez Mota que ni siquiera se tomó la molestia en contestar al cuestionario de la Coalición.

El asunto no es menor, mire usted, independientemente quien llegue como titular del Ejecutivo, lo cierto es que el poder legislativo es indispensable para los cambios necesarios a los que aspiramos, especialmente en materia de libertad de expresión y medios, la desastrosa concentración mediática, en especial la televisiva, impide que esa libertad pueda ser ejercida a cabalidad y tiene un impacto directo en la construcción de la opinión pública y por lo tanto en la misma deliberación pública sea el tema que se quiera, por ello la democratización de los medios y la agenda del derecho a la información son un punto de partida para el ejercicio de otras libertades y garantías.

Sin embargo, en la cultura presidencialista que tenemos muchos de los esfuerzos en estos procesos electorales se centran sobre todo en las candidaturas a la Presidencia y muy pocas personas analizan y promueven el voto razonado para el Congreso, de los 6,442 candidatos a senadores y diputados apenas unos cientos sí dieron a conocer su trayectoria en el sitio del Instituto Federal Electoral, lo cual habla de una gran opacidad y falta de información para que la ciudadanía pueda conocer por quién está votando. Por eso llegan a las cámaras políticos de dudosa procedencia y en muchos casos contrarios a los procesos democráticos.

En otras ocasiones he manifestado la preocupación sobre esta telebancada que estará no para defender el interés común, sino el de las empresas televisoras, con lo que ya se ve una agenda definida de su parte para iniciar la contrarreforma de la ley electoral y volver al modelo comercial de comunicación política electoral que antes de ella les redituaba miles de millones de pesos, de igual manera se prevé que intentarán llevar a cabo todos aquellos cambios legislativos que les permitan a esos consorcios incursionar de manera más abierta y dominante al mercado convergente de las telecomunicaciones, y sin duda serán el principal obstáculo para contar con una reforma integral de medios y su democratización, que es una demanda añeja de décadas de diversos sectores de la sociedad y que ahora con el movimiento #YoSoy132 tuvo mucho mayor relevancia.

El control de los medios en unas cuantas manos hará mucho más difícil poner en vigilancia pública a esta telebancada, de ahí radica la importancia de contar con un modelo de medios plural que de cabida a diferentes informaciones desde perspectivas diversas. Fortalecer a los medios públicos, reconocer a los medios comunitarios y sociales, poner límites a la propiedad cruzada y a la dominancia de grupos en los mercados y audiencias, contar con reglas antimonopolio y contar con un equilibrio en el poder de los grupos mediáticos por sobre la opinión pública, es lo que llamamos la democratización de los medios.

Eso sin duda será uno de los retos que como sociedad tenemos, por lo que la votación de quienes conformarán el Congreso es clave para avanzar en esta agenda, lo deseable sería que las fuerzas políticas estén lo suficientemente equilibradas para hacer contrapesos al Ejecutivo Federal, pero también para que no sea un solo partido el que domine los designios del Congreso, como sucedió en el 2009 que le dio al PRI una mayoría que impidió avanzar en cualquier otra agenda que saliera de los intereses de ese partido.

Para que eso sea posible le está haciendo falta a la población la suficiente información para no creer algunas propuestas que son por demás perversas como las del PVEM, que especulando con la necesidad de la gente promueve los vales de medicina, que es una estratagema para que los negocios de las farmacias de los familiares de su dirigencia lucren a lo grande.

Faltan pocos días para las elecciones y es con nuestro voto que podemos equilibrar las fuerzas en el Congreso, ojalá que así sea.

 

Aleida Calleja

 

Originalmente publicado en: http://www.lasillarota.com/component/k2/item/43851-la-opacidad-para-elegir-al-congreso

Telebancada para una República de Pantalla.

En una colaboración anterior le comente sobre la ampliación de la denominada telebancada en el Congreso a raíz de la presentación de la lista a candidatos plurinominales del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y advertía que el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) seguramente iría por la misma línea. Pues bien, la semana pasada el PVEM en el último día que los partidos tienen para registrar candidatos ante el Instituto Federal Electoral a cualquier puesto de elección popular, se difundió que dicho partido inscribió como sus candidatos al Senado de la República a familiares y trabajadores del duopolio televisivo, Televisa y Tv Azteca que en este momento todavía se desempeñan como Diputados y que conforman la telebancada.

Las figuras  que se nombran para ir al Senado por la vía plurinominal son la diputada federal Ninfa Salinas, hija del dueño de Televisión Azteca, Ricardo Salinas Pliego, el actual presidente de la Comisión de Radio y Televisión de la Cámara de Diputados, Gerardo Flores, quien tiene desde hace mucho tiempo vínculos profesionales con Javier Tejado Dondé, importante ejecutivo de Grupo Televisa y uno de sus principales operadores políticos ante las instituciones del Estado, Luis Armando Melgar, director del canal de televisión “Proyecto 40” que entraría como candidato al Senado por el estado de Chiapas y Carlos Puente Salas, anteriormente funcionario en la Cámara de la Industria de Radio y Televisión (CIRT) que iría una curul en el Senado por el estado de Zacatecas.

Al ser cuestionado por diversos medios el senador Arturo Escobar vocero del PVEM,  justificó el registro de los diputados a pesar de su vinculación con las televisoras aduciendo que todos los actores de la sociedad deben estar representados en el Congreso de la Unión, de no ser por lo dramático de la situación en torno a la infiltración de los poderes fácticos en las instituciones del Estado, sería hasta hilarante tal afirmación.

En los hechos la inclusión en el Congreso de actores directamente vinculados con las televisoras y la radiodifusión ha servido para que cambien leyes a favor de los intereses de este sector o bien sean un fuerte bloque de oposición a cualquier cambio en las leyes que les afectan, en el tiempo que llevo como integrante de organizaciones sociales para la defensa de la libertad de expresión, puedo hablar por experiencia propia que muchos de estos personajes ligados a los medios poderosos fueron los principales obstáculos para el reconocimiento de los medios comunitarios y para cualquier posible cambio en las leyes de radio, televisión y telecomunicaciones.

Con ellos como fieles alfiles hicieron fieras campañas en contra de las radios comunitarias logrando su criminalización para que sus integrantes fueran a la cárcel cambiando la Ley General de Bienes Nacionales y llamaron a combatir la “ilegalidad” cuando el único trasfondo era evitar a toda costa la existencia de otros actores en la radiodifusión. Con ellos se reformó la Ley Federal de Derechos de Autor para que las señales de transmisión fueran incluidas como parte de los derechos de autor, por increíble que parezca, para evitar la aplicación del must carry y el must offer a fin de que las televisoras por cable y satelital no puedan transmitir las señales de televisión abierta si no es bajo sus leoninas condiciones. Baste recordar el lamentable papel de Gerardo Flores en la Comisión de Radio y Televisión (RTC) en la Cámara de Diputados donde bloqueó cualquier iniciativa que afectara los intereses de las televisoras, pero si dio cabida a reformas que les beneficiaban, con un perfil bajo de una grisura que en realidad es estrategia que logró que en los tres años de su gestión no pasara nada.

Con la inclusión de este nutrido grupo avalado vergonzantemente por el PRI y el PVEM, y habrá que esperar lo que al respecto hagan el Partido Acción Nacional y el de la Revolución democrática que según trascendió este último incluiría a Alejandro Puente (de la Cámara Nacional de la Industria Electrónica, de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información, CANIETI) convertido en los últimos tiempos como el defensor de los intereses de Televisa, seguramente la ciudadanía tendremos nuestra República de Pantalla, una en la que veremos crecer cada vez más los privilegios de las empresas mediáticas y que seguramente impedirá cualquier cambio legislativo para democratizar los medios y garantizar el pleno derecho a la información. Seguramente veremos a esta ampliada telebancada en las comisiones de radio, televisión, telecomunicaciones, transportes y comunicaciones, en un descarado conflicto de interés que ha nadie interesa pese a sus consecuencias.

En ese panorama es una excelente noticia saber que candidatos como Javier Corral podrán estar en el Congreso, esperemos, sus denuncias incomodan a las televisoras y a los partidos que las cobijan. En estos tiempos de campaña por iniciar la ciudadanía tendría que hacer un fuerte reclamo a los partidos políticos que con estas acciones desgastan el quehacer político, pero que sobre todo corrompen a la democracia y a las instituciones. Patético.

 

Aleida Calleja

 

Publicado originalmente en: http://www.lasillarota.com/component/k2/item/37381-telebancada-para-una-república-de-pantalla