Tiempos difíciles.

De acuerdo al más reciente informe sobre la situación de la libertad de expresión en internet de la organización internacional Freedom House, dado a conocer el pasado 4 de diciembre, en México han aumentado las violaciones a los derechos de los usuarios, por lo que la ley no está ofreciendo las garantías de libertad de expresión, de prensa y privacidad, y critica abiertamente a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, que pone en riesgo también los derechos de privacidad y a la protección de datos personales al permitir a las agencias de seguridad acceso general a los datos privados sin necesidad de una orden judicial.

En el mismo sentido participantes en la Tercera Cumbre de México Telecom que congregó a empresarios y operadores del sector, alertaron sobre el riesgo de esta medida, por lo que solicitaron que el Instituto Federal de Telecomunicaciones precise qué funcionarios pueden pedir información respecto de los datos de los usuarios de comunicaciones móviles y que tome en cuenta las consecuencias de que la información personal y de geolocalización se le entregue funcionarios como los que gobernaban Iguala, vinculados al crimen organizado.

Eso lo advertimos muchos en el momento de discusión de la ley, pero fuimos olímpicamente descalificados, hoy esta parte del sector empresarial confirma que no haber escuchado a las voces críticas fue un error.

A la ya de suya frágil situación de la libertad de expresión en nuestro país, en estos tiempos de grave crisis institucional y social, disparada por la barbarie en Iguala contra los estudiantes normalistas de Ayotzinapa pero no solamente, se agregan nuevos elementos de preocupación.

Censura y libre manifestación.

Ante la generalizada indignación contra de la clase política, por sus acciones u omisiones en torno a los hechos en Guerrero, el escándalo de la Casa Blanca, y la irritación por la represión de las marchas ciudadanas por parte de la policía del Gobierno de la Ciudad de México, así como por la policía federal con detenciones arbitrarias, la fabricación de delitos no cometidos y la impunidad para fincar responsabilidades a grupos violentos que curiosamente nunca son atrapados en flagrancia, que desde la lectura de muchos, son funcionales para inhibir y criminalizar la protesta social.

Además se sumaron a la semana pasada dos nuevos elementos, que incendiaron nuevamente los ánimos.

El primero de ellos fue el ataque en contra del hashtag #Yamecansé por parte de bots, para que éste dejara de ser una tendencia mundial en Twitter, después de que durante 3 semanas ininterrumpidas permaneciera entre los temas más comentados. Sin duda esta acción tenía como objetivo acallar la conversación sobre las críticas, opiniones y difusión de información sobre la crisis en México, lo cual es una ataque claro a la libertad de expresión, ¿quién diseñó y perpetró este ataque para interrumpir el diálogo ciudadano y su influencia a nivel internacional?

El segundo fue el suscitado el martes de la semana pasada en la Cámara de Diputados, cuando el PRI y el PAN, a través del diputado panista Marcos Aguilar, desempolvaron una iniciativa de septiembre del 2013, para reformar los artículos 11 y 73 de la Constitución para garantizar la movilidad humana, lo cual fue ampliamente rechazado por diversos sectores de la sociedad, por considerar que su fin último es criminalizar y contener la protesta social a través de una Ley General que sería el siguiente paso después de los cambios constitucionales.

Como lo han manifestado los defensores de estas reformas, no tiene porque ser así; sin embargo la burra no era arisca, ahí están los casos recientes de la llamada Ley Bala del gobernador del estado de Puebla, Rafael Moreno Valle, que terminó con el saldo de un menor muerto, y la Ley de Movilidad del Distrito Federal que fue ya calificada de inconstitucional por el juzgado Segundo en Materia Administrativa porque tiene como resultado la vulneración del derecho a la libertad de expresión, reunión y manifestación, en síntesis, restringe el derecho a la protesta.

¿Para qué darle celeridad a reformas de este tipo en un contexto de elevada crispación social y de exacerbada desconfianza de la ciudadanía hacia la clase política de todos los colores? La Cámara de Senadores debería actuar con mucha responsabilidad en este tema.

Ceguera.

Dice la sabiduría popular que no hay peor ciego que el que no quiere ver. Ante la demanda de transparencia, el gobierno asegura que el escándalo de la Casa Blanca es un caso “cerrado”; ante las acusaciones de que nuestra actual crisis y la Guerrero es producto de la desigualdad estructural que origina una pobreza lacerante Enrique Peña Nieto responde con un plan económico para ese estado que sólo beneficia a los empresarios y deja de fuera al sector campesino e indígena que muere de hambre y los deja en las garras del crimen organizado; a la exigencia de que el poder político marque distancia de los poderes fácticos, el jefe del Ejecutivo agradece y alaba a Televisa el día de ayer en Veracruz, mientras esa empresa, sospechosa de complicidad por la Casa Blanca, se deslinda de su gobierno a través de sus artistas en el evento del Teletón, y lo deja solo.

Todos estos agravios nos hablan de una ceguera que tiene en vilo al país, pero quizá uno de los más insoportables es que a los gritos de justicia por la desaparición de los 43 estudiantes, Enrique Peña Nieto pida “superar los hechos”, eso no solamente habla de no entender la situación, sino de una insensibilidad que ofende profundamente a las víctimas.

¿Cómo pedirle a la sociedad que supere los hechos sin haber por lo menos hecho justicia a los padres de las víctimas y sus familiares? ¿Cómo superarlo si siguen desaparecidos 42? ¿Cómo superar que Alexander Mora Vicencio haya sido asesinado tan brutalmente que apenas si quedaron pequeños rastros de su cuerpo? Esa frase de Peña Nieto lo pinta de cuerpo entero y lastima la dignidad humana.

@callejag
aleida.calleja@gmail.com

Publicado originalmente en: http://lasillarota.com/tiempos-dificiles/Aleida-Calleja#.VKxFFVpVNJY

El derecho a la información en tiempos de crisis.

Ayotzinapa es la gota que rebasó el vaso de agua, la indignación creciente y el trance que nos deja ver nuestro frágil andamiaje institucional, la ausencia de justicia, la corrupción y la omisión estatal frente a la grave crisis de derechos humanos que tenemos en el país desde hace por lo menos una década.

En mi anterior colaboración le comentaba sobre la urgente necesidad del derecho a la verdad como vía necesaria para el acceso a la justicia para las víctimas, y como el derecho de la sociedad mexicana por saber quiénes fueron los autores materiales e intelectuales de semejante atrocidad contra los 43 estudiantes que sufrieron desaparición forzada. Pero esa verdad aún no llega.

Frente a la tragedia en la que estamos la información es clave, por lo que toca a todos los actores actuar con responsabilidad y sentido autocrítico.

El gobierno.

La primera responsabilidad recae en el gobierno, que ha tenido una estrategia de comunicación tardía, errática e insensible, que ha tenido como consecuencia el aumento de los dolores de los familiares y seres queridos de las víctimas y la indignación mayor de muchos sectores de la sociedad que se sienten agraviados.
Por eso celebro el reciente comunicado de la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación (AMIC), al exigirle al gobierno su obligación de un tratamiento responsable de la comunicación oficial, versiones íntegras e información consistente con los hechos y el respeto a los derechos humanos de los desaparecidos y sus familias.

Las declaraciones del procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, el pasado viernes 7 de noviembre, en el sentido de que “Iguala no es el Estado mexicano”, para evadir la acusación de la responsabilidad del Estado por lo sucedido en Ayotzinapa, no hace más que avivar la herida.

Le guste o no al gobierno, la cadena de omisiones para investigar lo que estaba sucediendo en Guerrero es su responsabilidad, no solamente porque varios actores afirman que advirtieron sobre la colusión entre el crimen organizado y el poder local, sino también porque si sus órganos de inteligencia (militares o civiles) no se lo reportaron, también es una grave omisión.

De acuerdo al Derecho Internacional de Derechos Humanos, un Estado puede tener responsabilidades por acción o por omisión ante las violaciones a los derechos humanos, incluso cuando éstas se hacen por particulares bajo la tolerancia o la aquiescencia de sus órganos o actores.

Los medios.

La información es un recurso básico social, y aunque los medios sean empresas periodísticas, no los exime de responsabilidad frente a la sociedad, y por desgracia muchos de ellos han tenido un papel reprobable en este conflicto. Me refiero a su ya tradicional actitud de criminalizar la protesta social.

La quema del metrobús en Ciudad Universitaria, el cinco de noviembre, y de la puerta del Palacio Nacional el pasado domingo 8 de noviembre, por un pequeño grupo de violentos, muy al estilo de los viejos tiempos del PRI para reventar movimientos sociales, son cubiertas con titulares atribuyendo responsabilidad a los manifestantes en general, faltando no solamente a la ética sino también a la verdad, pues está demostrado que las manifestaciones, cada vez más nutridas, se han hecho de manera pacífica.

Esta práctica termina por descalificar un fundado movimiento social y mostrarlo como violento, diluyendo la centralidad de sus demandas que, más allá de estar de acuerdo con ellas o no, debería de ser lo relevante para la participación y el debate. Igualmente termina por validar la perversa estrategia, de lo que muchos consideramos son infiltrados, con el objetivo de atemorizar y desviar la atención hacia los sustantivo de las demandas sociales.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sostenido respecto de las dos dimensiones de la libertad de expresión -individual y colectiva- deben ser garantizadas simultáneamente. El condicionamiento a la información que puede recibir la sociedad a través de los medios de comunicación impide el flujo de información oportuna, disminuyendo la capacidad de la sociedad de participación informada.

Los medios tienen en este momento una responsabilidad especial, lo que hace necesaria una revisión crítica de su quehacer y el debido respeto del derecho a la información. Como sociedad nos corresponde exigirles esa responsabilidad.

@callejag
aleida.calleja@gmail.com

Publicado originalmente en: http://lasillarota.com/el-derecho-a-la-informacion-en-tiempos-de-crisis/Aleida-Calleja#.VKxEHVpVNJY

Ayotzinapa y el derecho a la verdad.

¿Dónde están? Esa es la pregunta que ninguna instancia del Estado ha podido responder frente a la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, Guerrero. A un mes de la barbarie ocurrida en Iguala en ese estado del sur del país, lo que priva es confusión, rabia, desosiego ante la desaparición forzada de los normalistas.

La única información que han dado distintas autoridades con certeza es que había autoridades estatales que en colaboración con el crimen organizado se dictaron las órdenes para agredir brutalmente a los jóvenes, matar a casi una decena de ellos y desaparecer a los demás.

Ayotzinapa destapó nuevamente el terror en el que viven innumerables comunidades en el país, la descomposición del poder político, la cloaca de la corrupción, la aquiescencia de los distintos niveles de gobierno para que tanto actores estatales como no estatales aprovechen el poder para sus propios intereses. Revela el nivel de debilidad institucional que hace incapaz al Estado de dar respuestas a esta sociedad que vive con miedo como cotidianeidad.

En estos momentos de crisis, la información, el derecho a saber, se convierte en una necesidad imperante para conocer: ¿Cuántas fosas clandestinas más hay? ¿De quiénes eran esos cuerpos encontrados a pedazos? ¿Quiénes son los responsables? Y la pregunta que está en las calles, en la voz de miles de manifestantes en diversos lugares del país ¿Dónde están los 43 desaparecidos?

El Estado mexicano tiene la obligación de aportar información completa y clara a la sociedad sobre los hechos en Iguala, esclarecerlos son parte fundamental para el derecho a la verdad, el efectivo acceso a la justicia por parte de las víctimas que son ahora las familias y seres queridos de los jóvenes desaparecidos. Saber que sucedió y quiénes fueron los autores de esa masacre es la única vía para que haya justicia, reparación integral a las violaciones atroces a esos derechos humanos, y la vía esencial para que se implementen acciones eficaces para que no se vuelvan a repetir estos hechos.

Qué tanto las víctimas como la sociedad no sepamos la verdad de los hechos es obstaculizar la justicia, la falta de información que esclarezca porque llegamos a esta tragedia es mantener la impunidad. La ausencia de información fidedigna sólo genera mayor confusión y pone en mayor sufrimiento a los familiares de los estudiantes desaparecidos.

El derecho a conocer la verdad para dar con los responsables intelectuales y materiales de la desaparición forzada de los jóvenes es una obligación del Estado y tiene que hacerse de acuerdo a las demandas tanto de los familiares de las víctimas como de toda la sociedad. Es una obligación del Estado mexicano frente a sus responsabilidades internacionales para la protección de los derechos humanos, tal como desde hace mucho tiempo lo ha establecido la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que indica que el derecho a la verdad, no sólo implica el derecho de las familias a conocer la suerte de sus seres queridos y sino que también ese derecho también pertenece a la sociedad, de acuerdo a los artículos 1, 25, 8 y 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos.

De manera más reciente, el 4 de septiembre del 2013, la Relatoría Especial de la ONU sobre la Promoción y Protección del Derecho a la Libertad de Opinión y de Expresión presentó ante el Consejo de Derechos Humanos un informe sobre la ineludible relación entre el derecho de acceso a la información y el derecho a la verdad, estableciendo que: “en el contexto de violaciones graves de los derechos humanos, existe una obligación particular que exige que los Estados informen acerca de lo ocurrido no sólo a las víctimas y sus familias, sino también al conjunto de la sociedad”.

Para garantizar ese derecho a la verdad, no basta con conocer los hechos judiciales, se requiere también de conocer las causas que originaron la violación de derechos humanos, tal como lo plantea la misma Relatoría en su numeral 30 del informe antes citado: “En ese contexto, la realización de investigaciones judiciales sobre violaciones de los derechos humanos es una responsabilidad básica del Estado y un importante punto de partida para el ejercicio del derecho a la verdad. No obstante, no basta con la investigación judicial de casos concretos: el derecho a la verdad implica no sólo la determinación de las circunstancias inmediatas de violaciones concretas, sino también la aclaración del contexto general, las políticas y deficiencias institucionales y las decisiones que las hicieron posibles. Además, el ejercicio del derecho a la verdad puede exigir la divulgación de información sobre las violaciones a fin de restablecer la confianza en las instituciones estatales y evitar la repetición de esos actos”.

Creo que el gobierno con su errática estrategia de informar en estos días lo único que hace es aumentar el sufrimiento de las víctimas y aumentar la desconfianza de la sociedad en un escenario de incertidumbre que agudiza la percepción de la crisis de derechos humanos que ahora estamos viviendo. El derecho a la verdad, a contar con información fidedigna es en este momento es clave y como sociedad deberíamos de exigirla con la mayor contundencia posible.

aleida.calleja@gmail.com
@callejag

Publicado originalmente en: http://lasillarota.com/ayotzinapa-y-el-derecho-a-la-verdad/Aleida-Calleja#.VKxDdlpVNJY